Nildo Ouriques
ALAI, América Latina en Movimiento
Las devaluaciones nunca representan una buena decisión en
materia de política económica. Resulta que muchas veces las devaluaciones
permiten o crean un nuevo escenario en que se pueden tomar otras medidas que
con anterioridad eran inviables. Las devaluaciones son también polémicas pues
favorecen a unos mientras perjudican a otros.
Era fácil prever lo que dirían los políticos y economistas de
la oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez. Excepto por la novedosa y
súbita preocupación con la situación de los pobres, pues según sus líderes, la
devaluación los afectará volviéndolos todavía más pobres, ellos repiten las
conocidas “lecciones” manualescas según las cuales la reciente medida es
consecuencia necesaria de una “política económica irracional” que inhibe la
inversión en función de la “inseguridad jurídica” cuya expresión máxima son las
desapropiaciones. Además, repiten que los controles de precio y los gastos
gubernamentales son absurdos y que sin un funcionamiento libre, los mercados no
pueden funcionar. El analista atento sabe que la preocupación con la pobreza
jamás fue una característica de los economistas representantes de la IV
República, pues en las épocas anteriores a la Revolución Bolivariana, los
salarios eran considerados apenas fuente de inflación. Nada nuevo bajo el sol.
Además, la condena a la devaluación contrasta con la intensa propaganda de todo
el año pasado, en donde los bancos y consultoras, por medio de varios
periódicos y sus “especialistas”, defendían e incentivaban la devaluación
como si esta fuera la única alternativa del gobierno ante la inflación.
Los economistas y especialistas de la derecha anuncian que la
devaluación es una constante en la política económica bolivariana. No hay que
engañarse al respecto. Las devaluaciones anteriores al 2010 no eran tan fuertes
y tampoco se realizaron en el contexto político actual. Ahora, la derecha
adoptó como línea dominante el terreno electoral y la disputa “dentro de la
constitución bolivariana”. Por fin, las devaluaciones anteriores se realizaron
sin la elevada fuga de capitales que marca el desarrollo capitalista en
Venezuela desde 2007.
La inflación sigue siendo elevada en Venezuela, pero hay que
empezar registrando que el índice nacional de precios al consumidor del BCV
bajó del 27,6% en 2011 para 20,1% en 2012, un logro que no puede ser
desconsiderado en un análisis serio del tema. Nadie – ¡ni el gobierno! – podría
desconsiderar esta importante baja de la tasa de inflación aun más notable
cuando se considera que ocurrió en un año electoral, periodo en que los gastos
gubernamentales son siempre más elevados en cualquier país. ¿La tasa de 2013
podrá ser todavía menor? La respuesta es si, pero dependerá de muchos factores.
¿Cuál el origen de la inflación en Venezuela?
Arriesgo algunas hipótesis sin intención de agotar el tema.
Es obvio que la fuente primaria de la inflación en Venezuela
es la insuficiente producción nacional que obliga al gobierno a elevar las
importaciones en rubros elementales para el consumo popular. La propia política
social del gobierno, de relativo fortalecimiento del mercado interno, creó una
demanda adicional que no encuentra respuesta en la producción con el mismo
ritmo. Además, la elevación de las prestaciones sociales se combina con la baja
inversión. El Banco Central de Venezuela indica que la formación bruta de
capital fijo se redujo drásticamente en los últimos años: del 21% en 2007/2008
para el 14,2% en 2009/2010, última cifra disponible. El presidente Chávez
conoce el desafío y lo dijo sin medias palabras: eficiencia es la clave para el
nuevo período presidencial. El gasto gubernamental seguirá siendo elevado en
defensa de las clases populares, razón por la cual se vuelve todavía más
importante una salida por el lado de la producción. Acá, sin una estrategia
productiva eficiente, planes realistas con severa supervisión de las
autoridades, punición a los irresponsables y el máximo de control popular
posible sobre los planes de inversión del Estado, no se avanzará en este
terreno. La producción es el talón de Aquiles del gobierno y sin una solución
para tal será imposible eliminar el descontento popular y mucho menos avanzar
en una propuesta de carácter socialista. Culpar el imperialismo yanqui y la
oposición vende-patria por este problema era un argumento real hasta 2004 pero
ya no se sostiene cuando las fuerzas apoyadas por la clase dominante interna y
la embajada de Washington apuestan, por el momento, a la vía electoral para
derrotar la Revolución Bolivariana. Además, es un error esperar comprensión o
colaboración de los empresarios o banqueros pues ellos solamente responden
según el comportamiento de la tasa de ganancia. En consecuencia cabe al
gobierno solucionar el problema y no hay nada que lo pueda impedir de avanzar
en este terreno.
Si el desafío estratégico de la Revolución Bolivariana es la
superación del rentismo petrolero su tarea inmediata es fomentar la producción,
especialmente la producción agrícola. En función del fuerte impacto que los
precios de los alimentos poseen en la tasa de inflación – como lo demuestran
los datos del BCV – no hay otro camino que exigir eficiencia en los planes para
elevar la producción nacional de alimentos. Mas allá de la dudosa calidad de la
tierra ya se volvió una realidad que los planes agrícolas hasta el momento no
fueron eficaces para contribuir con la disminución de la presión inflacionaria.
La fuerza de una estrategia agrícola eficaz es un instrumento que está al
alcance del gobierno y es sabido que puede producir respuesta rápida en la lucha
anti-inflacionaria.
La segunda fuente de la inflación es algo que nadie más puede
ocultar: la fuerza de la especulación financiera con el dólar y el intento de
las clases dominantes en dolarizar la economía del país. La muerte de la moneda
nacional fue y será siempre un recurso de la burguesía de cualquier país
latino-americano. El manejo de la política monetaria es, por ende, un recurso
importante en la lucha política para el bien estar de la población por un
gobierno nacional-popular. En cambio, la “muerte de la moneda nacional”
significa una victoria de la derecha en contra de los gobiernos reformistas o
revolucionarios. Además, en un país en que la mitad de la población vive bajo
condiciones de superexplotación de la fuerza de trabajo (mercado informal) la
estabilidad monetaria es un problema que también debe ser motivo de cuidado
para los gobiernos populares. Reconocerlo es un hecho elementar y al contrario
de lo que supone la derecha, la “estabilidad monetaria” no es una condición
para políticas de desarrollo; la economía política latino-americana sabe desde
los aportes cepalinos que no debemos aceptar la trampa neoclásica que sacrifica
el crecimiento en aras de la estabilización. En 1961 Raúl Prebish demostró
tratarse de un “falso dilema” que, no obstante, la oposición venezolana divulga
para solapar las bases populares del gobierno e fortalecer las condiciones para
un plan de carácter fondomentarista harto conocido de nosotros
latino-americanos. Es obvio que en la situación actual, la devaluación tiene
que ser compensada con medidas sociales más agresivas precisamente para
defender los más pobres. La política social tendrá que ser todavía más eficaz.
Pero aún en este caso, con medidas que defiendan los pobres, no hay que
engañarse que la devaluación es un golpe duro a la lucha para dar credibilidad
a la moneda nacional (el bolívar). La inflación es un arma terrible en contra
gobiernos de derecha pero también lo es para los gobiernos de izquierda. La
derecha soluciona el problema con el “ajuste clásico de la balanza de pagos”,
es decir, con elevación de la tasa de interés, el corte de las importaciones,
la desindexación de los salarios, el desempleo elevado, etc. En suma, para
controlar la inflación, la derecha venezolana reafirma su fe en una política recesiva
que disminuye el crecimiento, golpea los trabajadores mientras impulsiona la
acumulación de las distintas fracciones del capital nacional y extranjero
fortaleciendo el proceso de monopolización de la economía.
La especulación con el dólar y el intento de matar la moneda
nacional es siempre un objetivo estratégico de las clases dominantes en América
Latina. En consecuencia, los ataques a la moneda nacional son permanentes
y todavía más fuertes en los países rentistas, como lo es el caso de Venezuela.
Washington siempre lo tiene como objetivo pero hay que atentar que el
imperialismo siempre logra aliados en la nación para tal propósito. Hay fuerzas
internas en Venezuela interesadas en la dolarización. Fuerzas que están en
contra del gobierno – quizás lo más sorprendente, también fuerzas que apoyan al
gobierno – y que acumulan poder y riqueza en función de la enorme fuga de
capitales de los últimos años.
La aparente paradoja consiste en que en el momento el
escenario económico venezolano es perfecto para el capital financiero y
sus múltiples brazos (aseguradoras, por ejemplo). Por un lado mantienen presión
sobre el gobierno actuando con decisión en el mercado paralelo de dólar y ganan
con las sucesivas devaluaciones. Por otro, alimentan la oposición con votos
originados en el descontento popular inevitable. Juegan con el gobierno y
juegan contra el gobierno. El capital no tiene Patria, razón por la cual
sabemos que tiene sobradas razones para estar inmune a la ideología
bolivariana. Al contrario de lo que repiten hasta el cansancio, la fuente
principal de esta especulación no es el control de cambio – como acusa la
oposición y los economistas a sueldo – sino que el control de cambio con la
apertura de la cuenta de capitales. La combinación del control de cambio con la
apertura de la cuenta de capitales es fatal para cualquiera que sea el gobierno
y cualquiera que sea el país. La derecha venezolana afirma que todos los males
de Venezuela tienen origen en el control de precios y en el régimen de cambio
fijo; no obstante, mantiene silencio completo sobre la apertura de la cuenta de
capitales. Jamás se escuchará los representantes de la oposición indicar la
fuga de capitales como un problema estructural de la política económica del
presidente Chávez y en contra del cual hay que actuar sin vacilación. Con
efecto, Venezuela es una economía en que la fuga de capitales se transformó en
el principal instrumento de lucha económica-política en contra de la
Revolución. La fuga de capital es permitida por la apertura de la cuenta de
capitales y no por el control de cambio o por el control de los precios.
Hay que establecer algo también importante: la derecha
venezolana está en contra de todo y cualquiera que sea la modalidad de control
de cambio. En consecuencia señala que “el control de cambio es irracional,
genera corrupción y estimula la ineficiencia” en la economía. No hay que
aceptar ideología como se fuera racionalidad económica. El control de cambio
exige del Banco Central y del Ministerio de Finanzas mucha atención y cuidado.
En las condiciones de Venezuela sigue siendo necesario y el gobierno puede
avanzar mucho más en este terreno. La idea según la cual el ahora extinto SITME
“significó el cierre de la cuenta de capital, ya que no hay forma legal de que
salga un dólar del país sin la supervisión y aprobación de las autoridades” se
frustró completamente. El inicio de sus actividades en junio de 2010 no impidió
que al cierre del año y en 2011, las cifras fuesen contundentes: en 2010 la
fuga no fue inferior a 20 mil millones mientras en 2011 fue seguramente
superior a 31 mil millones (no incluimos las cifras de “errores y omisiones”).
¿El nuevo sistema puede funcionar?
Sin el cierre de la cuenta de capitales no hay duda que
fracasará. Los economistas de derecha critican con insistencia a CADIVI como
medio cómodo para ocultar que ningún sistema funcionará sin el cierre de la
cuenta de capitales. Esta – y no CADIVI – es la responsable principal por la
fuga de capitales y por la baja inversión. Aún el capitalista con sensibilidad
social – ¡de existir tal figura! – actuaría con racionalidad económica al optar
por poner los dólares afuera en lugar de producir un jitomate en la Portuguesa
porque sencillamente ganaría mucho más en el primer caso.
Aún así, nuevas medidas tienen que ser tomadas. La primera es
que ningún empresario puede ganar dólares al cambio fijo sin presentar
resultados fehacientes en el campo de la producción. No es difícil observar que
los capitalistas o aún pequeños o medianos empresarios que se benefician del
dólar barato no ofrecen en cambio respuesta en el terreno productivo. Por ende,
CADIVI puede liberar dólares solamente mediante comprobación de performance de
los demandantes. La fiscalización del gobierno no ha sido eficaz. Ningún país
tendrá jamás la cantidad de dólares que demanda el sector privado bajo
condiciones de control de cambio y cuenta de capitales abierta. Precisamente
porque la cuenta de capitales está abierta la demanda por dólares es infinita y
seguirá ejerciendo enorme presión sobre el mercado paralelo de divisa.
La reciente reglamentación que permite abrir cuenta en
dólares es un enorme error del gobierno. Las cuentas en dólares no defienden
los trabajadores porque el porcentual de bancarización es todavía bajo y los
salarios en el país impiden el ahorro popular. La clase media tendrá un
mecanismo real y legal para protegerse de la inflación, pero no hay que olvidar
que se trata de un sector pequeño en una sociedad polarizada socialmente. Es
indudable que para burócratas del estado y pequeños y medianos especuladores
podrá servir como un medio eficaz de legalizar la corrupción y protegerse de la
inflación. No hay que alimentar optimismo con la posibilidad de que la clase
dominante traiga sus dólares al país después de la reglamentación de esta
medida, pues estos sectores ya tienen cuentas en el exterior y múltiplos
mecanismos para mantener el gasto en moneda estadounidense. Además, el control
sobre los bancos es muy frágil y son precisamente ellos los responsables para
abrir las cuentas y “exigir” la demostración del origen legal de las divisas.
¿Alguien puede confiar que los bancos serán exigentes y respectarán la ley? La
posibilidad de abrir cuentas en dólares ocurre en un contexto en que el control
sobre los bancos es débil, sin eficacia. El papel del BCV en Venezuela tiene
que ser muchísimo más activo en este frente de combate pues tiene amparo legal
para actuar y en el contexto de cambio fijo se requiere control muy fino sobre
el sistema bancario. El sistema bancario venezolano es pequeño, pero ha logrado
aumentar su fuerza precisamente por efecto de la apertura de la cuenta de
capitales y la ausencia de rigorosa fiscalización sobre sus actividades. El
control de cambio exige rigorosa vigilancia sobre la actividad bancaria y bursátil.
Eficiencia máxima en este renglón será decisivo en la batalla
anti-inflacionaria.
Por otro lado, aún con esta grave concesión (apertura de
cuentas en dólares), el chantaje de la derecha seguirá con fuerza, siempre en
sentido de desacreditar el gobierno y su política económica. Por ende, seguirán
afirmando que nadie debe creer en el gobierno y abrir cuentas en dólares, pues
no se “puede creer en los bolivarianos ni un tantito así”. Luego, no tardarán
en recordar la posibilidad de una futura pesificación y, en caso de mantenerse,
avanzarán un paso más en su batalla por la definitiva dolarización de la
economía. No es necesario mucho esfuerzo para suponer que algunos asesores o
consejeros gubernamentales indican como alternativa el “exitoso” camino que
siguió Ecuador y El Salvador. La rotunda victoria del presidente Rafael Correa
puede estimular a algunos sobre “las ventajas de la dolarización” y como única
vía de control sobre la inflación. Es un error estratégico avanzar en esta
dirección. Eventuales e inmediatos logros – muy dudosos, estoy seguro –
comprometen una estrategia de cambio estructural que impulsa el presidente
Chávez y que es lo más valioso de su gobierno.
La tercera fuente de inflación es la especulación con el
comercio y el grado de monopolio existente en la economía venezolana. El
gobierno puede ampliar la competencia con sus iniciativas, pero tiene también
que formalizar una rede de comercialización permanente que opera balizando los
precios. La eficiencia en las redes de distribución popular son fundamentales y
el combate a la corrupción decisiva. Es inadmisible políticamente tolerar
cualquiera que sea el mecanismo de entregar la renta petrolera (dólares CADIVI)
para empresarios o funcionarios que no respetan el pueblo y se lanzan a la
especulación.
Al contrario de otros países (Argentina o Brasil, por
ejemplo) en Venezuela más del 90% de os recursos de la exportación son del
gobierno pues la fuente principal de dólares obtenidos en el comercio exterior
tiene origen petrolera y están bajo control de PDVSA, no del sector
privado.
En este contexto, la emisión de papeles de PDVSA podría tener
una importante función en el fortalecimiento de la moneda nacional y no de
estímulo a la búsqueda de papeles nominados en dólar y destinados a la fuga de
capitales. Los precios del petróleo siguen en alza en el mercado mundial e
permiten al gobierno pagar en bolívares una renta en función de los resultados
obtenidos por la estatal petrolera. No hay que garantizar en dólares la
rentabilidad de un papel que tiene amparo en un mercancía clave de la economía
mundial y que seguirá valorizada en los prójimos años.
El gobierno tiene nueva oportunidad para hacer funcionar los
sistemas de control sobre el mercado de divisas. ¿Funcionará el nuevo sistema?
¿Qué fue lo que falló en el SITME? ¿Qué no funcionó en CADIVI?
Lo primero, repito, es que sin el cierre de la cuenta de
capitalista no funcionará. Segundo, es necesario establecer los mecanismos de
control sobre venta y compra de papeles (especialmente los de PDVSA nominados
en dólares) en tiempo real y utilizar el nuevo “sistema integrado de
información financiera” para identificar todos los principales capitalistas que
juegan en contra de la moneda. La tercera medida implica en un manejo mucho más
estricto de los dólares por CADIVE, es decir, solamente podrán acceder a los
dólares en el cambio fijo los capitalistas que están produciendo en los
sectores claves, especialmente aquellos que pueden disminuir la brecha entre
oferta y demanda en los rubros del consumo popular. La entrega de dólares se
daría en este sistema bajo la orientación del presidente Chávez, es decir,
mediante comprobación de performance económica. La quinta medida es la
creación de medidas adicionales visando cerrar la cuenta de capitales pues sin
esta medida la presión inflacionaria no cederá jamás y más temprano que tarde
el gobierno estará una vez más ante la “exigencia” de devaluar. La última
medida es eliminar la apertura de cuenta en dólares para individuos pues la
medida no preserva los salarios de los obreros sino que protege,
momentáneamente, sectores de la clase media y burócratas estatales que pueden
conseguir dólares (incluso de origen dudoso). La cuenta en dólares pretende
pasar la idea de estabilidad en sectores medios con la idea de que están
protegidos en contra de la devaluación mientras al pueblo sigue con los
bolívares, es decir, con la moneda nacional.
El rentismo petrolero no es un enemigo fácil de derrotar,
pero hay que avanzar más rápidamente en ello. Desde hace algún tiempo uno de
los frentes más importantes de la revolución es la implementación de una
estrategia productiva eficaz, como lo dijo el presidente Chávez.
El esfuerzo de todo proyecto nacional-revolucionario es
precisamente retener el excedente económico. Las nacionalizaciones se
justifican en función de este objetivo y no por una supuesta y abstracta
“coherencia ideológica”. Ahora bien, si las nacionalizaciones avanzan y aún así
no se retiene el excedente económico producido en el país, algo estratégico hay
que cambiar. Venezuela vive una economía de guerra en función de la existencia
de Revolución Bolivariana. Además, las empresas estatales tienen que ser un
criterio de racionalidad económica que se impone a los capitalistas. Eficiencia
es también acá la palabra correcta.
El gobierno de Venezuela tiene un apoyo mayoritario de su
pueblo y una capacidad de movilización que no es fácil de lograr en ninguna
parte. Este apoyo es una “fuerza económica” que todavía no fue utilizada para
lograr más eficacia en la gestión de la economía. Además, el gobierno cuenta
con mayoría en el parlamento e instrumentos legales para actuar de manera
decisiva en el control de la inflación y en contra de todas las fuerzas que
saboteen los planes para lograr eficiencia económica. Apenas empieza un nuevo
período presidencial y la recuperación de la salud del presidente Chávez
permite optimismo sobre el futuro de la Revolución Democrática Bolivariana.
Nildo Ouriques - Economista, profesor de la Universidad
Federal de Santa Catarina y miembro del Instituto de Estudios Latino-Americanos
(IELA). E-mail: nildorix@hotmail.com
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