Guerra económica y capitalismo rentístico: la disputa es también cultural

Emiliano Teran Mantovani

alainet.org
27-11-2013

“La producción cultural ha sido confinada al interior de la mente, dentro del sujeto monádico: ya no puede mirar directamente a través de sus ojos al mundo real en busca del referente, sino que, como en la caverna de Platón, ha de trazar sus imágenes mentales del mundo en las paredes que la confinan. Si después de esto queda algo de realismo, es un «realismo» que surge de la conmoción al palpar ese confinamiento y darse cuenta de que, por cualesquiera razones peculiares, parecemos condenados a buscar el pasado histórico a través de nuestras propias imágenes pop y estereotipos acerca del pasado, el cual permanece para siempre fuera de nuestro alcance”.

Frederic Jameson

“El hombre liberado es un hombre creador, sin limitaciones para expresar su talento en el trabajo manual, intelectual o artístico, en sus relaciones con los demás hombres. Un individuo sin ídolos, dogmas, prejuicios; inspirado por un definido sentido de justicia e igualdad. Que es simultáneamente un individuo venezolano y un hombre universal. Este hombre puede aparecer y desarrollarse en un ambiente de florecimiento de las culturas nacionales”

Rodolfo Quintero, 1971

Capitalismo rentístico y esquizofrenia

La implantación histórica del capitalismo rentístico venezolano, ha propiciado la combinación de una serie de factores que dan cuenta de un modelo social, económico, político y cultural verdaderamente extravagante, de rasgos muy particulares y atípicos, que con frecuencia agudiza sus propios desequilibrios, con notables evidencias de volatilidad social y fragmentación cultural.

El delirio consumista que hemos presenciando últimamente en Venezuela en tiendas de electrodomésticos como Daka, donde el hechizo monetario establece la “necesidad”, en vez de ser la necesidad la que canalice el flujo de dinero —con casos de personas que compran 2 televisores, teniendo 3 en casa, o consumidores que, “aprovechando” las rebajas a raíz de las políticas del gobierno nacional, se sirven para tener ahora un aire acondicionado en cada cuarto—, muestra cómo la coyuntura que vivimos actualmente en el país, refleja los “huecos de realidad” de la crisis del capitalismo rentístico: el hueco que hay entre la fascinación subjetiva, producto de la sensación de riqueza, y la insostenibilidad a no muy largo plazo de nuestro modelo rentístico; entre la debacle social neurótica que muestra la pantalla de televisión en forma de guerra económica, y el efecto de bienestar que produce el consumo masivo; entre la “independencia nacional” y la dependencia sistémica.

La forma de circulación de la renta construye y canaliza el deseo social. La sociedad de consumo es contrarrevolucionaria porque despolitiza al sujeto y lo sumerge en la inmediatez, en el vacío, en el estereotipo, estableciendo una especie de presente eterno en la medida en que fragmenta la Historia, el espacio y la política. Y no se trata de una fragmentación comunalizada, sino de una en la cual el individuo queda desprovisto ante el poder del capital. Las Hummer, el silicón, los biopolímeros, el Blackberry y el Miss Venezuela se entremezclan así con el Che Guevara y Antonio Gramsci, con el cantar de Alí Primera, con los Consejos Comunales y el antiimperialismo. Bajo esta fórmula, la revolución se convierte en espectáculo.

¿Y quién detiene esto? Ciertamente, el efecto que puede producir la merma o la distorsión negativa del flujo de la renta, evaporaría la magia que nuestro capitalismo sui géneris recrea como bienestar social, abriendo el camino a una crisis social. No obstante, el aumento del llamado “gasto público” no se refiere únicamente a necesidades básicas, sino a expectativas de vida, a deseos construidos, a imaginarios de lo que Ulrich Brand ha llamado los “modos de vida imperial” [1] . Hay que atender urgentemente al creciente hueco que hay entre la histórica expansión cuantitativa y cualitativa de estas expectativas de “vida imperial” y la insostenibilidad a no muy largo plazo del capitalismo rentístico venezolano. Los imaginarios vuelan, pero nada físico crece indefinidamente. Y menos en un sistema capitalista mundial en crisis estructural.

40 años después, Rodolfo Quintero

Leer hoy “Antropología del petróleo”, un clásico de la literatura petrolera venezolana que escribiera Rodolfo Quintero en 1971 (publicada en 1972), constituye una experiencia que nos permite comprender el poderoso arraigo que tiene en nuestro país lo que este antropólogo denominó la « cultura del petróleo » . Lo interesante y relevante de la obra de Quintero es que, al contrario de todo el grueso de la tradición de la teoría social en Venezuela anterior a él, no recurrió a la construcción ontológica racista y colonial que planteaba que el venezolano es “flojo por naturaleza”, o que es un bárbaro por sus condiciones biológicas y raciales, y que por ende debía ser civilizado por un gobierno fuerte y/o ilustrado (Laureano Vallenilla Lanz et al). La cultura del petróleo es pues para Quintero, una imposición colonial, una forma de imperialismo cultural.

40 años después, no dejan de sorprender las enormes similitudes que tiene esta descripción sobre nuestros rasgos culturales y antropológicos, en relación con nuestra realidad actual, un proceso iniciado hace unos 90 años con la implantación de los campos petroleros en la década de los 20 del siglo pasado. Para Quintero, la cultura del petróleo se despliega en factores inmateriales como la lengua, el arte, la ciencia, así como en recursos físicos, como los instrumentos, las actividades o la infraestructura. Se trata de “…una cultura de conquista, (que)crea una filosofía de la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora de materias primas” [2] ; toda una ontología del extractivismo.

La hegemonía de la cultura del petróleo, actúa de manera determinante en la forma como los sujetos y la sociedad se piensan a sí mismos. En la medida en la que va deteriorando las culturas locales, generando desarraigo en las poblaciones y adormeciendo la conciencia histórica, reproduce una estructura de profunda dependencia cultural y subjetiva, de aprehensión política con el Petro-Estado, pero que al mismo tiempo implanta sentimientos imitativos y “desnacionalizadores”, los cuales tienen su proyección material en las supuestas “ventajas” del sistema que recrea la renta petrolera.

En la medida en la que se da esta adecuación cultural de la población al modelo extractivista petrolero, en la medida en la que reproduce un imaginario deseante de sus propios estilos de vida, montado sobre la promesa neocolonial del «desarrollo» y sus profetas mitificados, al mismo tiempo expulsa, invisibiliza, invalida y/o minimiza la posibilidad de pensar en otra sociedad que no sea la petrolera, de pensarla más allá del “desarrollo” y del rentismo ― léase, la “siembra del petróleo” ― , utopizando las alternativas.

La Revolución Bolivariana y la cultura del petróleo

La Revolución Bolivariana, tanto como proceso político, como un cúmulo de discursos donde han prevalecido ideas contrahegemónicas y corrientes culturales de pensamiento crítico, ha producido enormes desafíos, dilemas, contradicciones y alternativas a las formas como nos hemos pensado como sujetos, como hemos concebido al espacio/naturaleza, y como hemos interpretado la realidad histórico-social en Venezuela. Sin embargo, se trata de un complejo proceso político y cultural plagado de incongruencias, que nos invita a escrutar y reexaminar nuestros paradigmas dominantes, dada las trascendentales implicaciones que estos tienen en los procesos emancipatorios que se enarbolan en el discurso revolucionario.

Como hemos planteado en otra oportunidad [3] , aparte de saldar la enorme deuda social acumulada, y haber al menos iniciado una clara transición post-rentista en el país, llevar adelante una Revolución Cultural que resquebrajara y comenzara a poner en entredicho nuestra “cultura del petróleo”, nuestro imaginario rentístico, abriendo el camino hacia la construcción una nueva subjetividad de autovaloración productiva, es una de las tres grandes misiones sobre las que se han centrado y aún se centran las expectativas revolucionarias del proceso político venezolano reciente. Los dilemas presentes sobre nuestra cultura y subjetividad política, nos obligan a preguntarnos si la Revolución Bolivariana se ha traducido o no, en un refrescamiento y una repotenciación del viejo modelo rentista.

Es resaltante notar que el nacimiento de la Revolución Bolivariana como proceso cultural, ha implicado la coexistencia, e incluso la hibridación, de la histórica cultura del petróleo, con una serie de ideas revolucionarias, que en algunos casos plantean profundos y radicales cuestionamientos políticos y axiológicos de rasgos anticapitalistas y decoloniales — estos últimos principalmente contagiados por los procesos de transformación en Bolivia y Ecuador .

La coexistencia de estos factores divergentes en nuestro proceso político nacional, evidencia que la Revolución Bolivariana es en efecto un campo en disputa. Sin embargo, esta lucha no es simétrica, y se desenvuelve mediada por la hegemonía y la profundización del modelo rentista, y por lo tanto, sobre un redimensionamiento de la cultura del petróleo. Se produce de esta forma una relación de poder sobre la cultura, en la cual es muy frecuente la construcción de saberes con elementos internos incompatibles — emancipadores junto con represivos — , que en un contexto de hegemonía económica y cultural petrolera/capitalista, generalmente subsume, domina y asimila los factores críticos de los mismos, a favor del status quo.

Este proceso no es irremediable. Sin embargo, es fundamental tratar de comprender porqué muchas de estas ideas alternativas anticapitalistas, radicales o no, no logran encontrar asidero tanto en los valores simbólicos de la sociedad venezolana, como en la estructura real de la economía rentista, sobre todo a medida que se va profundizando dicho modelo en el país. Es esencial cartografiar la cultura del petróleo en la Revolución Bolivariana, tratando de detectar dónde se fortalece ésta en nuestro proceso político doméstico.

¿Dónde se fortalece la cultura del petróleo en la Revolución Bolivariana?

A pesar de la importancia de la producción teórica/ideológica crítica para intentar salir del modelo rentista petrolero y su estructura de poder, o plantear un proyecto anticapitalista en su seno, como es el caso de las corrientes más radicales de la Revolución Bolivariana, el impacto que genera la reproducción y fortalecimiento de esta estructura económica rentista sobre la producción cultural y de subjetividad es tal, que hasta las ideologías más revolucionarias chocan con la enorme complexión de este modelo profundamente asimétrico.

Si la inundación de divisas producto del boom rentístico que vivimos desde 2004 — el llamado “Efecto China” a raíz del auge de la demanda decommoditiesimpulsado principalmente por este país — tiene efectos perniciosos sobre los factores productivos, sobre el auge relativo de las importaciones, sobre el ensanchamiento artificial del mercado interno, el agrandamiento del desarrollismo del Petro-Estado, y de los niveles de endeudamiento externo, se debe a que esta profundización de los desequilibrios económicos está en profunda correlación con la necesidad e impulso del sobredimensionamiento de la cultura del petróleo, para así favorecer tanto a las estructuras de poder dominantes, como la consolidación de nuestra función dependiente en la División Internacional del Trabajo. Cuando Alí Rodríguez Araque reconoce que el fenómeno de la corrupción es una de las varias formas de distribución (antiética) de la renta petrolera ^[4] , está haciendo evidente la relación estructural que existe entre cultura y rentismo, entre el excedente y la subjetividad.

La expansión de los “modos de vida imperiales” en crecientes masas de la población; de la construcción de expectativas, imaginarios y subjetividades a imagen y semejanza de la estructura del capitalismo rentístico, se conectan con el aumento de las migraciones a las ciudades, el empeoramiento del deterioro de la producción agrícola, y el frenesí surrealista por los productos importados. La plétora monetaria rentista, las burbujas especulativas y los escenarios paranóicos de la TV, encuentran su correlato en las burbujas culturales de nuestros imaginarios consumistas, que a ratos parecen alucinaciones.

La profundización del modelo rentista y los futuros proyectos de ampliación del extractivismo petrolero y minero ―los 6 millones de barriles diarios de los dos grandes proyectos político-partidistas hegemónicos, la «Potencia Energética Mundial» y el «Petróleo para tu Progreso» — supondrían la intensificación de nuestros males culturales endémicos. A su vez, los planes ya en marcha para la implantación masiva de estructuras petroleras en la Faja del Orinoco ― que Quintero en su tiempo definía como una incrustación colonial ― reproduce el viejo efecto de deterioro y desarraigo de las culturas locales ― incluidos nuestros pueblos indígenas, que aún esperan la materialización de la demarcación territorial ― , la inserción en el espacio de los recursos materiales que reproducen la cultura del petróleo, y el embelesamiento social con la insostenible modernidad petrolera.

Si bien Rodolfo Quintero planteaba que la cultura del petróleo era una cultura traída de afuera, esta también opera germinalmente desde “adentro”, reproduciendo el (neo)colonialismo endógenamente, expresión de la forma transnacionalizada como opera el capital en la globalización. Es fundamental comprender el papel que juega el Petro-Estado venezolano tanto en la administración de la cultura del petróleo, como en la intermediación entre el “afuera” y el “adentro”.

La disputa cultural sobre el sujeto y la naturaleza

Si bien en la Revolución Bolivariana se ha dado un auge de las corrientes del pensamiento crítico, debemos admitir que el paradigma neocolonial del “desarrollo” sigue siendo un mito profundamente arraigado en nuestros patrones de pensamiento, al tiempo que el rentismo cultural continúa estableciendo una rígida frontera para pensar alternativas más allá de este.

A lo largo del tiempo, el análisis histórico-social venezolano ha centrado la gran mayoría de su atención y esfuerzos en buscar mecanismos para una mayor captación de la renta y un mayor control de la industria petrolera, de manera tal de impulsar el proyecto modernizador nacional, entendido éste como un proyecto emancipador y “progresista”, que nos llevaría al tan ansiado “desarrollo”.

Aunque resaltan algunas reivindicaciones de Rodolfo Quintero a las culturas locales y una idea de “descolonización petrolera”, y en Juan Pablo Pérez Alfonzo comienzan a bosquejarse críticas sin precedentes en nuestra literatura petrolera, al aparecer cuestionamientos al crecimiento, al desarrollismo, al concepto de “sembrar el petróleo” y a los efectos nocivos de la propia renta internacional [5] , a nuestro juicio, es con “El Estado Mágico” de Fernando Coronil (1997) que se produce una importante ruptura epistemológica en la tradición del análisis social petrolero venezolano, planteando una crítica decolonial profunda a los patrones de conocimiento que habían determinado, tanto la caracterización de nuestra historia petrolera contemporánea, como la propia práctica política nacional que se derivaba de ella.

La línea de estudios sobre modernidad/colonialidad, en la que se inscribe “El Estado Mágico” de Coronil, representa una poderosa arma crítica contra la tradición de la cultura del petróleo y su estructura de funcionamiento biopolítico. La manera de comprender la composición y funcionamiento del Petro-Estado venezolano, el problema del espacio/naturaleza como factor de análisis, o la relación entre el discurso, el poder y la subjetividad, tienen poderosas implicaciones políticas, sobre todo en intensos procesos de disputa cultural como los que vivimos en la actualidad [6] .

Las corrientes más críticas y antisistémicas en la Revolución Bolivariana, las cuales indudablemente bebieron del discurso más agudo del presidente Chávez, enarbolan como fuerza cultural una definición ontológica del sujeto/pueblo comopotencia emancipadora y contrahegemonía constitutiva. Dichas corrientes se enfrentan a dos grandes fuerzas.

Por un lado, el sujeto que se construye desde el discurso de la oposición venezolana, encabezada por la llamada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), es el típico “agente racional abstracto” de la teoría neoclásica, un sujeto que se presenta como “libre”, siendo que el Estado y la “ideologización política” interfieren en su camino competitivo hacia la eficiencia económica [7] . Todos los seguidores de la “libertad” individualista y de las “oportunidades” para el emprendedor capitalista tecnificado, son funcionales a este proyecto en la medida en que alimentan la reproducción de la estratificación clasista y racista de la sociedad venezolana, al tiempo que esa idea de “libertad individual” de los supuestos “agentes racionales” permite mantener ocultas las relaciones de dominación que ejerce el capital sobre estos. La idea de “pueblo” tiene aquí sentido, sólo en la medida en la que la unión inorgánica de sujetos fragmentados responda al llamado de sus guías para vencer a la “tiranía” — léase, la intervención estatal que obstaculice el libre flujo del mercado autorregulador — , al tiempo que puedan construir juntos una nación de “progreso”.

Por otro lado, la instauración de la Revolución Bolivariana como gobierno, convocaba al Poder Constituyente en su propia fundación, y promovía una definición de “pueblo” como empoderamiento de los excluidos sociales históricos, estableciéndose momentos de ejercicio y formas radicales de poder popularinmediato, lo que genera un conflicto sobre las formas tradicionales de la cultura del petróleo, tensionando numerosos supuestos establecidos por este modelo.

No obstante, los propios recursos biopolíticos materiales e inmateriales del capitalismo rentístico, en la medida en que se reajusta y redimensiona el modelo imperante, contrarrestan esa emergencia ontológica popular. El ejercicio del poder político del pueblo y su apropiación económica se apaciguan en la medida en la que básicamente estos se logran materializar como representación mítica a través de las personificaciones del «pueblo» que dirigen el Petro-Estado, y que distribuyen parte de la abundante renta. Esta postergación del ejercicio inmediato del poder popular juega a favor del restablecimiento de la dinámica neocolonial de poder propia de esta estructura política. De esta forma, podríamos afirmar que de hecho existen no sólo dos grandes proyectos ontológicos en disputa que definen al sujeto/pueblo venezolano, sino al menos tres.

Por su parte, dada la importancia de la legitimación del extractivismo en el capitalismo rentístico nacional, y su proyección sobre la dominación de la tierra, el territorio y la Naturaleza, la forma como se representa a esta última es también objeto de disputa. En la cartografía tradicional de la cultura del petróleo, en general la naturaleza ha sido históricamente instrumentalizada, invisibilizada como riqueza y colonizada para el “desarrollo”.

La hipocresía, la instrumentalización y la marginalización de la representación de la Naturaleza respecto al régimen de producción/extracción capitalista rentística en la MUD, se hace evidente no sólo en sus declaraciones públicas — como cuando el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski se mofó del quinto objetivo del Plan de la Patria y dijo que “nuestro pueblo no quiere que se salve el planeta” [8] —, sino en la manera como es categorizada ésta, cuando en el Programa de Gobierno de esta parcialidad político-partidista, la Naturaleza aparece referida constantemente como “capital natural” ^[9] , al puro estilo neoclásico.

El agravamiento de la crisis ambiental global, ha venido poniendo en cuestionamiento con mayor frecuencia las concepciones depredadoras acerca de la Naturaleza. En el Gobierno Bolivariano se produce una reformulación administrativa y discursiva que supone una distinción respecto a los gobiernos anteriores, sobre la contradicción capital-naturaleza. El objetivo 5 del Plan de la Patria 2013-2019 — “Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”— y la reivindicación explícita del ecosocialismo como principio de la política del Gobierno, expresa una reconfiguración del valor de la naturaleza en este proyecto.

No obstante, en el marco del redimensionamiento de la cultura del petróleo, y la expansión de los proyectos extractivos, y con la justificación de la lucha contra la pobreza, se genera una discursividad que concilia extractivismo en auge con respeto por la naturaleza, recurriendo al controvertido concepto de “desarrollo sustentable” ―”haremos de la explotación petrolera una actividad para el cuidado del ambiente”―; resignificando el radical y decolonial concepto de Buen Vivir―entendido en la Revolución Bolivariana principalmente como mayor acceso al consumo moderno/capitalista―; y generando nuevas teorías ad hoc para explicar por qué es inevitable y necesario para América Latina continuar la expansión de la explotación de nuestros “recursos naturales” y su realización en el mercado mundial capitalista, para alcanzar un mejor posicionamiento geopolítico y alcanzar la “independencia” ante el imperialismo ^[10] .

La crisis como oportunidad: la importancia de una Revolución Cultural

Toda crisis no es sólo conflicto, sino que al mismo tiempo representa oportunidades, en la medida en que la desarmonía que se produce entre las ideas hegemónicas y la realidad material, permiten no sólo romper el hechizo ideológico, sino abrir posibilidades para resignificar y reformular los paradigmas sociales reinantes. El problema pasa por qué tipo de resignificaciones se plantean, y quiénes las impulsan.

Las diversas formas y facetas que ha adoptado la coyuntura actual en el país han sido primordialmente manejadas desde una perspectiva maniquea, en la cual el origen del problema según el Gobierno es la oposición, y según la oposición es el Gobierno. Rara vez se reconoce que ese incentivo a los “modos de vida imperial”, promovido por los poderes fácticos y las élites políticas, como una especie de valores sagrados de la nación, son buena parte del problema, ocultando cómo esta profundización de la cultura del petróleo alimenta la estructura de poder establecida, la estratificación social — el hechizo de que todos “podemos ser ricos” —, y la propia insostenibilidad de nuestro modelo parasitario.

Cuando se habla de “Guerra de IV generación”, parece no reconocerse que, si esta batalla se orienta al control del discurso y de la mente, entonces bajo la polarización política que vive el país, está totalmente abierta la posibilidad del intento de dominación ideológica tanto de un bando hacia la población del otro, como de esa parcialidad sobre sus propios partidarios. Esta premisa hace evidente pensar en la necesidad y posibilidades de formas de subjetividad autónoma y de pensamiento crítico bajo el régimen de la cultura del petróleo.

Si entendemos que casi el 90% de la población venezolana vive en ciudades, con sus expectativas de un estilo de “vida imperial”, la tarea de una transformación del modelo venezolano no sólo supondría una muy complicada reconfiguración del ordenamiento territorial, sino una reformulación de las lógicas y estilos de vida en las propias ciudades, con una respectiva modificación radical de nuestro relacionamiento con la Naturaleza, lo cual necesita el impulso de una verdadera revolución cultural en el país.

Esto nos lleva a preguntarnos, ¿un proyecto político post-rentista que no se construya más allá del “desarrollo” y del propio rentismo como frontera, puede permitir una revolución cultural de este tipo? ¿Quién o quiénes llevarán a cabo dicha revolución? Si existen no dos, sino al menos tres grandes proyectos político-culturales, uno de ellos con una concepción ontológica y de la naturaleza profundamente popular, autogobernante, emancipatoria y ecológica, entonces la revolución cultural se desarrollará sobre la base de una compleja disputa discursiva entre tres grandes fuerzas, más allá de la polarización política nacional reinante.

Si bien es cierto que en la Revolución Bolivariana no se ha podido desplazar la hegemonía de la cultura del petróleo, esto no implica que los procesos de transformación que hemos vivido en el país en estos 14 años no hayan ampliado sus grietas. Además, dichas grietas se expanden en momentos de crisis, lo que, como hemos dicho, inaugura procesos de reordenamiento ideológico y de resignificación cultural. Esto representa para el proyecto cultural emancipatorio, la apertura de caminos y posibilidades para infiltrar la cultura neocolonial del petróleo e impulsar procesos de transformación autónomos y ecológicos.

La álgida coyuntura actual de guerra económica y desequilibrios sistémicos es entonces, al mismo tiempo una batalla que se da en el campo simbólico. El caso de la neurosis colectiva por la escasez/acaparamiento de la Harina precocida marca P.A.N. es un buen referente para aprovechar la situación y convertir la misma en un gran debate popular que pueda expandirse a escala nacional, y que haga más visibles cuestionamientos radicales a algunos patrones conceptuales capitalistas/desarrollistas y coloniales, y por ende, a las formas de organización e interacción social que de ellos se derivan.

Organizaciones de base populares, comuneros y comuneras, y movimientos sociales tenemos la oportunidad de posicionar críticas de fondo a todo el entramado de la cultura del petróleo, señalando no sólo a los actores responsables, sino al propio modelo, en todas sus formas operativas. El secuestro progresivo que hizo empresas POLAR en el imaginario social venezolano, al punto de que la gran mayoría de la población asocia, como una metonimia, a la arepa con la harina PAN, debe ser desmantelado. El maíz empobrecido, los cultivos transgénicos, la estética del alimento — como una especie de racismo agrario — y el despojo de los procesos productivos del pueblo en forma de monopolios capitalistas, debe ser contestado con la arepa criolla; el cuidado, protección y difusión las semillas autóctonas campesinas; las culturas ancestrales locales y la reconceptualización del consumo para la vida; la alimentación sana; y el impulso a las redes socioproductivas populares y sostenibles.

En la medida en la que los comuneros y comuneras, de creciente organización, movilización y articulación a nivel nacional, logren establecer y expandir sus comunas y redes comunicativas y socioproductivas a mayor escala geográfica, seguirán dejando semillas de transformación territorial fundamentales. Por un lado, engendran así posibilidades para nuevos ordenamientos del espacio y nuevas formas de relacionamiento con la geografía, contribuyendo a transfigurar los recursos materiales que le dan vida a la cultura del petróleo, al tiempo que fortalecen bases de resistencia ante los ataques de desposesión del capital.

Por otro lado, favorecen a los procesos descentralizados de producción de conocimiento, al reposicionamiento y al resurgir de los saberes y cosmovisiones ancestrales y territoriales, que puedan contrarrestar el efecto universalizante y colonial de la cultura del petróleo, al tiempo que fomenta la construcción de tejidos comunitarios, que combatan la fragmentación individualista de la sociedad de consumo.

Como lo hemos expuesto, la sobredeterminación rentística que posee la forma de nuestro modelo capitalista, genera la expulsión cultural de campos de pensamiento donde son posibles el inicio de una transición post-rentista y post-extractivista. Dado lo profundamente enraizadas que están las estructuras físicas e institucionales del capitalismo rentístico, es fundamental resaltar que una transformación de fondo del mismo, requiere que germine una ruptura de la conciencia rentística que sostiene y legitima este sistema de poder.

Esto supone pensar lo “impensado rentístico”, hacer un salto decolonial del saber, develar la relación de poder contenida en los regímenes de verdad, abrir debates y tocar temas que han constituido tabúes nacionales, y sortear las amenazas de criminalización de la crítica revolucionaria, que pasan desde censuras institucionales y políticas, hasta una serie de teorías premiadas y promovidas que catalogan de “pachamamistas” y de promotores del juego del imperialismo, a diversas vocerías que se oponen al modelo desarrollista y al afán “progresista” de extraer más y más de la naturaleza, profundizando nuestros modelos neocoloniales y sus respectivos males.

* Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – CELARG y hace parte del equipo promotor del Foro Social Mundial Temático Venezuela

Fuentes consultadas

- BORÓN, Atilio. América Latina en la geopolítica del imperialismo. Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Caracas, 2012.

- CORONIL, Fernando. El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. Nueva Sociedad. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2002.

- GAGO, Verónica. Sztulwark, Diego. “No podemos pensar en salvar el planeta si no pensamos la emancipación social”. Entrevista a Ulrich Brand. Lunes, 23 de abril de 2012. Disponible en:http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-192462-2012-04-23.html. Consultado: [12/07/2012].

- GLOBOVISIÓN. Capriles: La única persona que perderá su empleo en Pdvsa será Rafael Ramírez. 01/08/2012. Disponible en:http://globovision.com/articulo/capriles-la-unica-persona-que-perdera-su-empleo-en-pdvsa-sera-rafael-ramirez. Consultado: [10/08/2012].

- MESA de la Unidad Democrática. Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019). Caracas, noviembre de 2011. En:http://www.cuadernos.org.ve/pdf/mud.pdf. [Consultado: 08/03/2012].

- PÉREZ Alfonzo, Juan Pablo. Hundiéndonos en el excremento del diablo. Fundación Editorial El perro y la rana. Caracas, 2009.

- QUINTERO, Rodolfo. Antropología del petróleo. Siglo Veintiuno editores. Necaxa, México. 1976.

- TERAN Mantovani. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013) . Rebelión. 21/10/2013. Disponible en:http://www.rebelion.org/docs/175965.pdf. Consultado: [21/10/2013].

- ÚLTIMAS Noticias. Edición impresa del domingo 15 de septiembre de 2013. Caracas, Año 72 Nº 28736.

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[1] Cfr. Entrevista a Ulrich Brand: GAGO, Verónica. Sztulwark, Diego. “No podemos pensar en salvar el planeta si no pensamos la emancipación social”. Brand sostiene acerca de los modos de vida imperial: “Es la pregunta por cómo se está universalizando un modo de vida que es imperial hacia la naturaleza y las relaciones sociales y que no tiene ningún sentido democrático, en la medida que no cuestiona ninguna forma de dominación (…) El modo de vida imperial no se refiere simplemente a un estilo de vida practicado por diferentes ambientes sociales, sino a patrones imperiales de producción, distribución y consumo, a imaginarios culturales y subjetividades fuertemente arraigados en las prácticas cotidianas de las mayorías en los países del norte, pero también, y crecientemente, de las clases altas y medias en los países emergentes del sur”.

[2] QUINTERO, Rodolfo. Antropología del petróleo. p.46

[3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutante (1983-2013).

[4] En: ÚLTIMAS Noticias. Edición impresa del domingo 15 de septiembre de 2013. Sección el Domingo, pp.6-7.

[5] Cfr. PÉREZ Alfonzo, Juan Pablo. Hundiéndonos en el excremento del diablo.

[6] La introducción del problema del espacio/naturaleza como factor clave en los análisis de la conformación del sistema-mundo capitalista tiene poderosas implicaciones en la medida en que resignifica la División Internacional del Trabajo, también como División Internacional de la Naturaleza; desmitifica el “desarrollo” y la primacía del tiempo; hace evidente el ocultamiento del valor intrínseco de la Naturaleza; o bien resalta el papel de intermediación que juega el Petro-Estado periférico, y la relación entre su composición política y la captación de una renta absoluta. Cfr. CORONIL, Fernando. Cap.1: “La naturaleza de la historia”, en El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. pp. 23-76.

[7] Esta idea está presente recurrentemente a lo largo del programa de Gobierno de la MUD 2013-2019, donde se enaltece obsesivamente la propiedad privada. Cfr. MESA de la Unidad Democrática. Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019).

[8] Cfr. GLOBOVISIÓN. Capriles: La única persona que perderá su empleo en Pdvsa será Rafael Ramírez. La frase completa recogida de Capriles Radonski afirmaba: "El plan de gobierno del que lleva 14 y quiere 6 más, uno de los planteamientos de ese proyecto es salvar el planeta, este planteamientos nada tiene que ver con lo que quiere nuestro pueblo, nuestro pueblo no quiere que se salve el planeta, primero tenemos que ocuparnos de la casa".

[9] Op.Cit. pp.133-140

[10] Cfr. por ejemplo: BORÓN, Atilio. América Latina en la geopolítica del imperialismo. Sobre una crítica de este texto, véase: TERAN Mantovani, Emiliano.Neblina sobre los horizontes post-extractivistas: ¿no hay alternativas? ALAI, América Latina en Movimiento.

La economía se desangra por la frontera - Últimas Noticias

Economía | 21/09/2014 07:00:00 a.m.

Infografía| La economía se desangra por la frontera

Las finanzas del país sufren por la perversión cambiaria. El supuesto valor de la moneda es asignado arbitrariamente

  

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El precio del bolívar se fija de acuerdo con la mercancía que se logra contrabandear (Créditos: Archivo)

Rafael A. Hernández | ÚN.-  Dos mil millones de dólares es la cifra que estima en pérdidas anuales por contrabando de extracción el ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez.
Si dicha cifra se reconvierte en bolívares, según el precio del mercado negro actualmente (Bs 97/$), se obtendría la magnitud de moneda venezolana que fluye a través de la frontera colombo - venezolana (cifra de doce dígitos) y que está involucrada en el negocio del contrabando.

Todo ello sucede en virtud de la brecha que existe entre la moneda venezolana y la colombiana.

La mafia del cambio. Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, elaboró un informe en el que explica esta perversión cambiaria. “Detrás de las casas de cambio colombianas en la frontera hay mafias que controlan el precio del bolívar, disminuyen o aumentan su valor dependiendo del costo de transporte y de la mercancía para que al final siempre inviertan el mismo capital. Funciona así: si por ejemplo contrabandean una tonelada de arroz que les cuesta 209 mil pesos colombianos (Bs 9.500 a 22 pesos por bolívar) y tienen que pagar 50 mil pesos en sobornos y alcabalas, al finalizar les quedan 159 mil pesos. Así establecen que el precio del bolívar disminuirá de 22 a 16,7 pesos por moneda venezolana para que, al reconvertir la inversión, vuelvan a tener los Bs 9.500 iniciales de inversión”.

“Es falso que el régimen cambiario en la frontera esté determinado por la oferta y la demanda. Además, el Estado colombiano está permeado por el proceso del contrabando. Es inconcebible que se maneje tanto dinero sin la banca. ¿Por qué no detienen el contrabando? Porque para el Gobierno (colombiano) le es más económico mantener esa cultura. El ministro de Interior y Justicia neogranadino, Juan Fernando Cristo, es del departamento Norte de Santander, y los votos que Juan Manuel Santos obtuvo para ganarle a Iván Zuluaga (elecciones presidenciales de Colombia en 2014) vienen de los estados fronterizos, en apoyo a Cristo, que a su vez son los votos de los pimpineros y contrabandistas”, asevera Tanus.

Aseguró que toda la mercancía con origen en el contrabando que se incauta en suelo colombiano no es devuelta al país del que proviene; incluso es regresada a las mafias que la ingresa.

El costo es político. El presidente Juan Manuel Santos obtuvo la presidencia colombiana con 7.816.986 votos y resultó vencedor en 16 departamentos (estados) fronterizos, de un total de 32 divisiones departamentales.

Últimas Noticias constató que la policía colombiana y los funcionarios de la aduana se hacen de la vista gorda con los contrabandistas y pimpineros desde el primer metro de suelo colombiano que colinda con Venezuela.

“El Gobierno colombiano maneja las relaciones con Venezuela de una manera hipócrita; lo que se ha detenido realmente en Colombia es nada, muy poco. Hay un gobierno comprometido con el tráfico y el contrabando. La lucha allá es mantener el poder a través de lo económico”, concluye el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela.

El régimen oficial cambiario en Colombia (Banco Central de Colombia) atribuye 1.979,97 pesos por dólar y 169,16 pesos colombianos por bolívar, según su reporte de septiembre (fluctúa mensualmente). Por su parte, el sistema cambiario venezolano establece un precio de Bs 0,00316 por cada peso colombiano y de Bs 6,30 por US$ (cifra del Centro Nacional de Comercio Exterior [Cencoex]). Sin embargo, el cambio en la frontera alcanzó en septiembre entre 22 y 24 pesos por bolívar.

El cambio artificial. El economista y abogado colombiano, experto en el tema fronterizo, Daniel Libreros Caicedo, explica que la “perversión cambiaria tan pronunciada sucede por especulación, porque las casas de cambio fronterizas establecen una hinchazón artificial que les permite capturar más ganancia por contrabando. La Superintendencia Financiera de Colombia debería regular esta práctica, pero al ser un mercado no visible, aunado al peso político y económico de estas mafias, es muy difícil controlarla”.

No obstante, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) tiene más de 300 casas de cambio en Cúcuta registradas en su base de datos, constituidas legalmente y que operan bajo dicho régimen cambiario no oficial. Fueron consultadas 20 de estas empresas, entre las que destacan: InterMoney Cambios, Mekacambio, Cambios Ulher, Cambio Barbosa, entre otras. Ninguna declaró.

Libreros explica que un tercio de la población del vecino país está vinculado en alguna manera con el contrabando y sus efectos, por formar parte del negocio, consumir mercancía con este origen, distribuirla o almacenarla. Sostiene que la tasa de desempleo oficial es de 9%, y que la cifra incluye personas que trabajan por su cuenta por lo que sugiere que la cifra real sería el doble (18%).

“La contracción industrial originada por los Tratados de Libre Comercio ha desencadenado que las importaciones aumenten, eso manda a mucha gente al desempleo y su subsistencia está en el contrabando, tanto en la vía de informalidad comercial como en la compra de productos que provienen de ahí”, concluye Libreros.

El contrabando en digital. La principal fuente difusora del precio al que se está negociando el dólar negro en las calles es el portal Dolartoday.com, que solo toma en cuenta el monto que se maneja en Cúcuta.

Últimas Noticias constató que se debe llamar a dos números, uno local (en Cúcuta) y otro móvil (venezolano), donde se corrobora la tasa que se cobrará cada día. Así lo confirmó el dueño de una casa de cambio en Ureña bajo anonimato. En ambos números, para el 16 de septiembre se dictó un monto de 20 pesos para la compra y 22 para la venta por cada bolívar. En el portal DolarToday la cifra era de 21,5. Dichos montos están intrínsecamente relacionados con el precio del dólar del mercado negro; su valor disminuye o aumenta con equivalencia a ese precio.

José María González, director de Asocambios, gremio establecido en Cúcuta, agregó que “es difícil para las personas que no están en el (negocio) diario entender las transacciones, la tasa se fija de acuerdo al precio del dólar paralelo en Venezuela”.

Al ser consultado sobre cuántos bolívares se negocian en la zona de operaciones de Asocambios, declaró que no tenía conocimiento. ¿Cómo saben cuánto es la demanda y la oferta? No hubo respuesta.

Por otra parte, el economista venezolano Ronald Balza señala que: “En esa página web (DolarToday) se publican tres tipos de cambio distintos: el cambio oficial de Sicad 2 a Bs 49,98 / US$, el cambio de dólar implícito con una denominación de Bs 74,80 / US$ y el dólar Cúcuta de Bs 94,74 / US$ (para el 17 de septiembre). El dólar implícito debería ser el techo, nunca debería ser superado por la divisa ilegal del mercado negro, porque dicho monto es el resultado de dividir la liquidez monetaria (activos que posee la nación, susceptibles de convertirse en dinero efectivo sin perder su valor) de la República entre las reservas internacionales, es decir, la cantidad absoluta de dólares que pudieras comprar con bolívares”.

“Esta perversión cambiaria pasa porque a mayor cantidad de bolívares recibidos por dólar, más mercancía de contrabando e ilegal puedes comprar. Se explica así: si por un dólar (en Cúcuta) pagan 90 bolívares en la transacción delictiva, se cruza la frontera, con ese monto se adquieren ilícitamente 927 litros de gasolina a Bs 0,097 cada uno. Se extrae esa gasolina a Colombia, se negocia a 3 dólares en promedio por litro, la ganancia final sería de US$ 2.781. En resumen, con un dólar vendido a Bs 90, se obtienen ilegítimamente Bs 250.290”, dijo Balza.

En definitiva, explica el economista venezolano, el contrabando termina siendo un negocio vinculado con el régimen cambiario ilegal y arbitrario impuesto en la frontera.

Dicha distorsión, explica Balza, se reduciría al aumentar las reservas internacionales venezolanas y la liquidez monetaria, ya que disminuiría el monto del dólar implícito y este a su vez reduciría la brecha entre la moneda legal y la ilegal.

Sin embargo, señala que “las legislaciones cambiarias en Venezuela no tienen poder sobre el comportamiento de las divisas en la calle. No tienen impacto para evitar el debilitamiento del bolívar, ya que el mercado informal, ilegal y fronterizo se rige por otra dinámica”.

“Hay un costo político de tomar medidas, pero hay un costo aún mayor de no implementarlas”, se refiere Balza a la disminución de aportes que hace el BCV al Fonden: ingresos que la nación recibe como producto de las exportaciones del petróleo para ser destinadas a inversión social. De esta manera aumentarían las reservas venezolanas. “Dicha medida generaría un fuerte impacto en la población, pero podrían ser tomadas en cuenta para implementarse eventualmente”, concluye el economista.

Últimas Noticias verificó que el precio del dólar paralelo es establecido por mafias fronterizas y también es equivalente a la magnitud del contrabando de combustible y alimentos que llega a Colombia.

Importaciones venezolanas suben

Juan Sebastián Estupiñán, director de Economía de la Cámara Colombo Venezolana (CCV), atribuye el abismal diferencial cambiario a la demanda y oferta de divisas. Afirma que en las casas de cambio en Bogotá la tasa oscila entre 22 y 28 pesos por bolívar, y califica de “increíble” la cifra publicada por el Banco Central de Colombia, de 168,85 pesos por moneda venezolana.

Adicionalmente, señala que el intercambio comercial que se ha registrado entre ambos países, entre enero y julio de 2014, es: de exportaciones hacia Venezuela US$ 1.173 millones (disminución de 8,8% con respecto a 2013); importaciones desde Venezuela US$ 271 millones (incremento de 34,6% con respecto a 2013).

rahernandez@grupo-un.com
www.ultimasnoticias.com.ve

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Extractivismo en América Latina. El Consenso de los Commodities (2013)

El Consenso de los Commodities cerró la etapa del mero ajuste neoliberal y abrió a otro ciclo económico en América Latina

Maristella Svampa

Adital

En los últimos años, América Latina realizó el pasaje del Consenso de Washington (CW), asentado sobre la valorización financiera, al Consenso de los Commodities (CC), basado en la exportación de bienes primarios a gran escala, entre ellos, hidrocarburos (gas y petróleo), metales y minerales (cobre, oro, plata, estaño, bauxita, zinc, entre otros), productos alimenticios (maíz, soja y trigo)y biocombustibles (1).

En términos de consecuencias, el Consenso de los Commoditieses sin duda un proceso complejo, vertiginoso y de carácter recursivo, que debe ser leído desde una perspectiva múltiple. Así, desde el punto de vista económico, se traduce por un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas, al acentuar su reorientación hacia actividades primario-extractivas o maquilas, con escaso valor agregado. Según la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2011 las materias primas agrícolas, mineras y commodities derivados representaron el 76% de las exportaciones de la Unasur, contra sólo el 34% del total mundial. Las manufacturas de alta tecnología, en cambio, representaron el 7% y el 25%, respectivamente (2). A su vez, el efecto de reprimarización se ve agravado por el ingreso de China, país que de modo acelerado va imponiéndose como socio desigual en lo que respecta al intercambio comercial con la región (3).

Desde el punto de vista social, el CC conlleva la profundización de la dinámica de desposesión –según la expresión popularizada por el geógrafo David Harvey– esto es, el despojo y la concentración de tierras, recursos y territorios, que tienen a las grandes corporaciones, en una alianza multiescalar con los diferentes gobiernos, como actores principales. No es casual que la literatura crítica de América Latina considere que estos procesos apuntan a la consolidación de un estilo de desarrollo neoextractivista (4), el cual suele ser definido como aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras del capital hacia territorios antes considerados como improductivos.

El neoextractivismo desarrollista instala una dinámica vertical que irrumpe en los territorios, y a su paso va desestructurando economías regionales, destruyendo biodiversidad y profundizando de modo peligroso el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, y violentando procesos de decisión ciudadana. La megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también la explotación de gas no convencional o shale gas, con la tan cuestionada metodología de la fractura hidráulica o fracking), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin, la generalización del modelo de agronegocios (soja y biocombustibles), constituyen sus figuras emblemáticas.

Un rasgo decisivo del neoextractivismo desarrollista es la gran escala de los emprendimientos, lo cual nos advierte también sobre la envergadura de las inversiones –se trata de actividades capital-intensivas y no trabajo-intensivas–. Por ejemplo, para el caso de la minería a gran escala, por cada millón de dólares invertido, se crean apenas entre 0,5 y 2 empleos directos (5). En Perú, país por excelencia de la megaminería transnacional, ésta ocupa apenas el 2% de la Población Económicamente Activa (PEA), contra un 23% en la agricultura, el 16% en comercio y casi el 10% en manufacturas (6).

Por otro lado, la actual etapa puede leerse tanto en términos de rupturas como de continuidades en relación al anterior período del CW. Recordemos que el CW puso en el centro de la agenda la valorización financiera y conllevó una política de ajustes y privatizaciones, lo cual redefinió al Estado como un agente meta-regulador. Asimismo, operó una suerte de homogeneización política y discursiva en la región. De modo diferente, en la actualidad, el CC coloca en el centro la implementación masiva de proyectos extractivos orientados a la exportación, estableciendo un espacio de mayor flexibilidad en cuanto al rol del Estado, lo cual permite el despliegue y la coexistencia entre gobiernos progresistas, que cuestionaron el consenso neoliberal, con aquellos otros gobiernos que continúan profundizando una matriz política conservadora en el marco del neoliberalismo.

Por último, el CC posee una carga político-ideológica, pues alude a la idea de que existiría un acuerdo –tácito o explícito– acerca del carácter irrevocable o irresistible de la actual dinámica extractivista, producto de la creciente demanda global de bienes primarios. Así, tal como sucedía en los años 1990, el discurso dominante es que "no hay otra alternativa”, lo cual apunta a poner coto a las resistencias colectivas, sobre la base de la "sensatez y razonabilidad” que ofrecerían las diferentes versiones del capitalismo progresista, al tiempo que busca suturar la posibilidad de pensar otras opciones de desarrollo, instalando así un nuevo umbral histórico-comprensivo respecto de la producción de alternativas. En consecuencia, todo discurso crítico u oposición radical se inscribiría en el campo de la antimodernidad, de la negación del progreso, del "pachamamismo”, del "ecologismo infantil”, cuando no de un "ambientalismo colonial”, fogoneado siempre por agentes extranjeros.

Conflictividad y resistencias

Si bien en un principio el CC tendía a ser tácito y elusivo, al calor de los conflictos fue adoptando una dinámica más explícita y agresiva. En efecto, el CC viene asociado, de manera inherente, a la explosión de conflictos territoriales y socioambientales que enfrentan de modo asimétrico a gobiernos y corporaciones versus comunidades y asociaciones de vecinos. Dichas movilizaciones en defensa del territorio, la biodiversidad y el ambiente ilustran el surgimiento de un nuevo entramado organizacional, de carácter plural, que abarca desde comunidades campesino-indígenas, asambleas de vecinos, multisectoriales, colectivos culturales, hasta ONG ambientalistas y activistas, algunos provenientes del campo profesional y académico.

Un ejemplo emblemático del aumento de la conflictividad es la megaminería a cielo abierto. Actualmente no hay país latinoamericano con proyectos de minería a gran escala que no tenga conflictos sociales suscitados entre las empresas mineras y el gobierno versus las comunidades. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), en 2010 había 120 conflictos mineros, que afectaban a 150 comunidades; en 2012, éstos ya alcanzaban el número de 161, involucrando a 212 comunidades. En mayo de 2013 había 185 conflictos activos, 6 de ellos transfronterizos, que involucran a 268 comunidades a lo largo de la región (7).

Este contexto de conflictividad contribuye a la judicialización de las luchas socio-ambientales y a la violación de derechos que, en no pocos casos, como en Perú, Panamá y México, culmina en asesinatos de activistas. Así, a comienzos de 2012, en Panamá se registraron fuertes episodios de represión que costaron la vida a dos miembros de la comunidad indígena Ngäbe Buglé. En Perú, desde la asunción de Ollanta Humala –julio de 2011–, se produjeron 25 muertos por represión, principalmente en la región de Cajamarca, donde los pobladores se encuentran movilizados contra el Proyecto Conga, un emprendimiento minero que amenaza con la destrucción de importantes fuentes hídricas.

Pero la criminalización y la represión no son prerrogativas exclusivas de los gobiernos conservadores. Por ejemplo, en Argentina, luego de diez años de conflictos en diferentes provincias, invisibilizados por el oficialismo progresista, el levantamiento popular de Famatina, en enero de 2012, logró romper con el encapsulamiento y colocar en la agenda nacional la megaminería. Sin embargo, luego de que el gobierno nacional hiciera explícito su apoyo a dicha actividad, volvió a operarse el re-encapsulamiento de la problemática minera a la lógica criminalizadora de las provincias, seguido de una oleada represiva que tuvo su récord en Catamarca (siete represiones en 2012), e incluyó recientemente –el 11 de mayo pasado– una represión en Famatina. Asimismo, la política de hostigamientos y asesinatos, ligada a la expansión de la frontera sojera y al proceso de acaparamiento de tierras, afecta de modo recurrente a los pueblos originarios, tal como lo ilustra la Comunidad Qom, en Formosa, que contabiliza 6 muertos desde noviembre de 2010.

Otro caso destacable es el del gobierno de Rafael Correa, el cual bajo la figura de "sabotaje y terrorismo” lleva procesadas 213 personas, muchas de ellas ligadas a las resistencias contra la megaminería, habilitada a partir de 2009.

Progresismo y progreso

¿Es la cuestión ambiental todavía un punto ciego para los gobiernos progresistas? ¿O en los últimos tiempos y al calor de los nuevos conflictos es posible afirmar que hubo un cambio de escenario? En realidad, a pesar de que en las últimas décadas las izquierdas –sean socialdemócratas, populistas o anticapitalistas– llevaron a cabo un proceso de revalorización de la matriz comunitario-indígena; pese a las afinidades electivas existentes entre las cosmovisiones de los pueblos originarios y ciertas corrientes del ambientalismo, aquellas continúan adhiriendo a una visión productivista y eficientista del desarrollo, muy vinculada con la ideología del progreso y la confianza en la expansión de las fuerzas productivas.

Por otro lado, todos los gobiernos progresistas buscan justificar el extractivismo afirmando que es la vía que permite generar divisas, que luego son reorientadas a la redistribución del ingreso y al consumo interno, o bien hacia actividades con mayor contenido de valor agregado. Este discurso cuyo alcance real debería ser analizado caso por caso, busca oponer de modo reduccionista la cuestión social (la redistribución) con la cuestión ambiental, al tiempo que deja afuera discusiones complejas y fundamentales que enlazan de modo estratégico las problemáticas del desarrollo, el ambiente y la democracia.

En este sentido, se destacan principalmente cinco cuestiones. Primero, que en el marco del CC, los gobiernos progresistas latinoamericanos optaron claramente por un "extractivismo depredatorio”, en palabras del investigador Eduardo Gudynas, tal como lo ilustra la enorme multiplicación de programas de desarrollo basados en proyectos extractivos (gas, petróleo, minerales, soja) a gran escala, cuyo destino es la exportación, y cuyas consecuencias sociales, ambientales, culturales y políticas, son sistemáticamente denegadas o minimizadas.

Segundo, la imposición de una visión productivista y sacrificial del territorio desemboca en la negación virulenta de otras miradas/lenguajes de valoración sobre el territorio y en la implementación de estilos de desarrollo que modifican y amenazan sustancialmente las condiciones de vida de las poblaciones. Tercero, la asociación entre extractivismo depredatorio y trastocamiento de las fronteras de la democracia aparece como un hecho recurrente: sin licencia social, sin consulta a las poblaciones, sin controles ambientales y con escasa presencia del Estado o aún con ella, los gobiernos tienden a vaciar no sólo de contenido el ya bastardeado concepto de sustentabilidad, sino también a manipular las formas de participación popular, buscando controlar las decisiones colectivas. Cuarto, en el marco del CC y en nombre de las "ventajas comparativas”, los gobiernos promueven un modelo de inclusión anclado en el consumo, en el cual la figura del ciudadano consumidor sobredetermina el imaginario del "buen vivir”, en clave plebeya-progresista. Quinto, el acoplamiento de corto plazo entre avance del Estado, crecimiento económico y modelo de ciudadano consumidor aparece como condición de posibilidad del éxito electoral, lo cual refuerza el rechazo a pensar cualquier hipótesis o escenario de transición y de progresiva salida del extractivismo a mediano y largo plazo.

En este sentido, uno de los escenarios más paradójicos es Bolivia. Es necesario recordar que en el gobierno de Evo Morales convivían desde el inicio un discurso eco-comunitarista y una vocación neodesarrollista. Dicha tensión remite a las dimensiones presentes en el proyecto de cambio: una, la narrativa indianista, centrada en la creación del Estado Plurinacional y en el reconocimiento de las autonomías indígenas; la otra, la narrativa nacional-popular, marcada por una dimensión estatalista, reguladora y centralista, así como por un modo de concebir la participación, vinculada a un liderazgo personalista. Finalizada la etapa de confrontación con la oligarquía de Santa Cruz, al inicio del segundo mandato (2010), el gobierno boliviano apuntó a profundizar el modelo desarrollista con base extractivista, a través del anuncio de una serie de megaproyectos estratégicos, basados en la expansión de las industrias extractivas, desde la explotación del litio, la megaminería en asociación con corporaciones transnacionales y el agronegocio, hasta, en fin, la construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras.

Aunque hubo varios episodios que anticiparon una colisión entre la narrativa indigenista y la práctica extractivista, el punto de inflexión fue el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), a raíz de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. El TIPNIS es desde 1965 una reserva natural y desde 1990 territorio indígena, hábitat de pueblos amazónicos. La cuestión era sin duda compleja, pues si por un lado la carretera respondía a necesidades geopolíticas y territoriales, por otro lado lo central era que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados. Asimismo, resulta inevitable pensar que la carretera será la puerta de entrada de nuevos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales, culturales y ambientales negativas, con o sin Brasil como aliado estratégico.

La escalada del conflicto incluyó varias marchas desde el TIPNIS hasta La Paz, además de un oscuro episodio represivo y la articulación de un bloque multisectorial entre organizaciones indígenas rurales, sociales y ambientalistas, con el apoyo de ingentes sectores urbanos. Finalmente, en 2012 el gobierno de Evo Morales cedió y decidió llamar a una consulta a las comunidades del TIPNIS. Realizada ésta, el informe oficial señaló que el 80% de las comunidades consultadas aprobaron la construcción de la carretera. Sin embargo, un Informe de la Iglesia Católica, elaborado junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de Bolivia en abril de 2013, indica que la consulta "no fue libre ni de buena fe, además no se ajustó a los estándares de consulta previa y se la realizó con prebendas” (8).

El conflicto del TIPNIS arroja dos importantes conclusiones que deben ser leídas en clave latinoamericana: en primer lugar, en un marco de escalada del conflicto, en contextos tan virulentos y politizados –donde el carácter recursivo de la acción lleva a que los diferentes actores se involucren en una lucha encarnizada– la posibilidad de realizar una consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios –según establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– se enrarece inevitablemente, y la definición de sus procedimientos, mecanismos y temas, termina siendo muy controversial. En segundo lugar, el conflicto del TIPNIS blanqueó por completo el discurso gubernamental respecto de lo que éste entiende por desarrollo, algo que se encargó de hacer el vicepresidente Álvaro García Linera en su libro Geopolítica de la Amazonía (9).

Para Linera, sin extractivismo no habría cómo sostener las políticas sociales, lo cual significaría el fracaso del gobierno y la inevitable restauración de la derecha. De este modo, queda claro tanto en qué lugar ideológico se ubican las resistencias –los críticos del neoextractivismo son acusados de promover un "ambientalismo colonial”–, como cuál es el tipo de desarrollo asociado al actual programa de descolonización, el que sin duda se sitúa muy lejos de las aspiraciones eco-comunitarias declamadas por Evo Morales durante el primer mandato y muy lejos también de las discusiones filosóficas y políticas acerca del "vivir bien”.

Contexto represivo

La deriva hacia una lectura conspirativa de las resistencias no es empero patrimonio exclusivo del gobierno boliviano. En realidad, allí donde hay un conflicto ambiental y territorial, mediatizado y politizado, que pone de relieve los puntos ciegos de los gobiernos progresistas respecto de la dinámica de desposesión, la reacción suele ser la misma. Sucede desde 2009 en Ecuador, sobre todo con la megaminería y, más recientemente, en Brasil, a raíz del conflicto suscitado por la construcción de la megarrepresa de Belo Monte. En ambos casos los distintos oficialismos optan por el lenguaje nacionalista y el escamoteo de la cuestión, negando la legitimidad del reclamo y atribuyéndolo, sea al "ecologismo infantil” (Ecuador), cuando no al accionar de ONG extranjeras (Brasil).

Aunque sin mayores debates (el término mismo de "neoextractivismo” se halla fuera del horizonte retórico del oficialismo), algo similar sucede en Argentina, donde el progresismo selectivo del gobierno no se aplica para el caso de la megaminería ni mucho menos para la soja. Si volvemos, por caso, al levantamiento en Famatina, éste tuvo un efecto paradójico: sea por desconocimiento o por mala fe, lo cierto es que desde las plumas del oficialismo se alentó una lectura que dejaba el conflicto entrampado en los contextos provinciales, cuando no en los esquemas binarios, en la batalla política que el gobierno kirchnerista libra con el multimedios Clarín. Sin embargo, el posterior realineamiento entre poder político y poder económico terminó por blanquear, esta vez de modo explícito y en la voz de la Presidenta, a la megaminería como parte legítima e integral del proyecto oficialista.

En suma, a diferencia de los primeros años, el CC dejó de ser un acuerdo tácito que vincula de modo vergonzante neodesarrollismo liberal con neodesarrollismo progresista. Al calor de los diferentes conflictos territoriales y ambientales y de sus dinámicas recursivas, los diferentes gobiernos progresistas terminaron por asumir un discurso beligerantemente desarrollista, en defensa del extractivismo, acompañado de una práctica criminalizadora de las resistencias, que alienta el contexto represivo. Este sinceramiento entre discurso y práctica que ocurre incluso en aquellos países que más expectativa política de cambio habían despertado –como Bolivia– ilustra la evolución de los gobiernos progresistas hacia modelos de dominación más tradicionales (en mucho, ligados a la clásica huella nacional-estatal), así como obliga al reconocimiento del ingreso inquietante a una nueva fase de retracción de las fronteras de la democracia.

Notas:

1. Utilizamos aquí el concepto de commodities en un sentido amplio, como productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento.
2. http://unctadstat.unctad.org/
3. Véase Sergio Cesarin, "China en América Latina”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, número especial "El fin del Primer Mundo”, mayo-junio de 2012.
4. Véase Eduardo Gudynas, "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, (autores varios), Extractivismo, política y sociedad, CAAP - CLAES, Quito, 2009. Véase también Héctor Alimonda (coord.), La Naturaleza colonizada. Ecología, política y minería en América Latina, CLACSO-CICCUS, Buenos Aires, 2011, y Gabriela Massuh (editora), Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina, Mardulce, Buenos Aires, 2012.
5. Colectivo Voces de Alerta, 15 mitos y realidades sobre la minería transnacional en Argentina,Editorial El Colectivo-Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2011.
6. Autores varios, Mitos y realidades de la minería en el Perú. Una guía para desmontar el imaginario extractivista, Programa Democracia y Transformación Global, Lima, 2013.
7. http://basedatos.conflictosmineros.net/ocmal_db/. Véase también OCMAL, 2011.
8. www.paginasiete.bo/2013-04-16/Nacional/Destacados/6Nac00216.aspx
9. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista, Vicepresidencia del Estado Plurinacional, La Paz, noviembre de 2012. Disponible en:www.alames.org/documentos/amazoniaAGL.pdf.

Maristella Svampa

Socióloga y escritora, investigadora del Conicet y profesora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Le Monde Diplomatique

Entrevista con Bernard Mommer: “El mayor éxito de este proceso ha sido la revalorización del Estado como dueño de los recursos naturales”

Por Estela Aganchul

Le Monde Diplomatique

Año VI. Número 49. Junio 2014

Para Bernard Mommer, estudioso de la política petrolera venezolana con una trayectoria de más de cuarenta años y actual embajador de Venezuela ante la OPEP, el mayor éxito que ha logrado el gobierno bolivariano hasta el presente es la revalorización del Estado como dueño de los recursos naturales, rol que se perdió a partir de la nacionalización en el año 1976, ya que según Mommer la apertura petrolera llevada a cabo en la década de 1990 fue la realización del programa inherente en la ley de 1975, ley con la cual también comenzó la caída de la IV República. 

Haga click aquí para acceder a la entrevista con Bernard Mommer