lunes, 8 de septiembre de 2014

Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos para América Latina



Emiliano Teran Mantovani*
Alainet

            Hay claros indicios de que estamos frente al agotamiento de un ciclo político en América Latina, y en el tránsito hacia otra fase que nos enfrenta a una serie de amenazas de diferentes grados para los pueblos de la región. Es importante destacar que los diversos procesos de lucha social latinoamericanos suelen estar, en buena medida, atravesados por el carácter cíclico de nuestras economías, que influye poderosamente en las movilizaciones sociales, en la legitimidad del sistema político, en la relación entre el poder constituido y el poder constituyente, y en la composición política del Estado en un momento determinado. Esto evidentemente ha marcado las dinámicas de transformación de los últimos años, y marcará las que vendrán en el futuro.
            Los debates sobre extractivismo toman aún más importancia en la actualidad debido a varias razones, de las cuales destacamos dos:

a)    después de 10-15 años de estos procesos de transformación política, social y cultural en la región, lo que tenemos como saldo es, junto a un robustecimiento de nuestro carácter primario-dependiente, una gran expansión de las fronteras extractivas, avanzando en muchas ocasiones sobre territorios “vírgenes”, o que habían sido muy poco impactados por la modernización capitalista. Este avance extractivista se incrusta en nuestros territorios no sólo por la vía de infraestructuras, sino también mediante varios acuerdos de mediano y largo plazo con empresas transnacionales, al tiempo que se siguen explorando y negociando nuevos enclaves de extracción, muchos de ellos de fuentes no convencionales.
           Si mapeáramos los diversos proyectos de explotación de la naturaleza en los países latinoamericanos, podríamos advertir con gran preocupación cómo cada vez más territorio es comprometido, hipotecado y/o ocupado por la lógica de despojo y depredación del capital, tanto si hablamos de gobiernos francamente neoliberales (donde destacan Colombia [1] [2], Perú [1][2] y México), hasta llegar a los denominados “progresistas” (como por ejemplo los casos de Ecuador [1] [2] [3]Bolivia y Venezuela [1] [2]). Ya se ha subrayado en otros momentos las crecientes consecuencias económicas, ambientales, políticas, geopolíticas, sociales y culturales de profundizar el carácter extractivista de nuestros modelos de sociedad;

b)    al parecer, una segunda fase del nuevo extractivismo (neoextractivismo) en América Latina se configura entonces sobre la base del desgaste, ralentización y estancamiento de los procesos de transformación recientes en la región, con una tendencia progresiva a la mutación del perfil social reivindicativo que han tenido buena parte de los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, hacia formas híbridas y más complejas de acumulación por desposesión esto es, lo que hemos llamado el «neoliberalismo mutante», que podrían apuntar a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de neoliberalismo. Un “cambio de época” como este para América Latina, supondría que los dispositivos de dominación que se desprenden del extractivismo sería más tenaces y agudos.

            La configuración de nuevos tiempos y escenarios para la región ha hecho al mismo tiempo brotar nuevas espirales en el debate sobre extractivismo, a la vez que la necesidad de enfrentar futuros desafíos exige intentar caracterizar los flujos y corrientes de poder político y epistemológico que se desprenden de ellos. Aquí proponemos 7 hipótesis de trabajo para la discusión sobre viejos y nuevos tópicos que se han vinculado a los debates sobre extractivismo en América Latina.

a)    Pensar el extractivismo como proceso metabólico y un tipo de régimen de reproducción de la vida
            Buena parte de los debates sobre extractivismo plantean un enfoque en el cual parece que se está discutiendo únicamente sobre un “modelo económico”, o bien un tipo de perfil o gestión estatal. La cuestión es que el extractivismo no es sólo esto, sino que en su esencia es un tipo de metabolismo[1] del sistema capitalista que atraviesa, permea e interviene sobre los propios procesos de producción de vida, para adaptarlos a su función específica en la División Internacional del Trabajo, y en el caso del ordenamiento territorial interno de los países, a lo que hemos llamado la «División Nacional de la Naturaleza»[2], que producen los Estados extractivistas.
            En este sentido, se trata de una reivindicación del análisis del extractivismo desde la transdisciplinariedad, enriquecido primordialmente desde la geografía crítica y la ecología política, que haga que, por un lado, reconozcamos que el extractivismo es un sistema transterritorial, y por el otro un régimen biopolítico, en el cual la territorialidad no puede ser solo entendida como una sociabilidad posada en un espacio inerte, sino que se trata de la reproducción biosocial de la vida, una simbiosis que es indivisible.
            El sistema extractivista genera pues territorialidades, ordenamientos geográficos, que se ven articulados jerárquicamente en torno a procesos hegemónicos de acumulación de capital; genera poder sobre los cuerpos; genera configuraciones narrativas y culturales funcionales a estas dinámicas; reproduce un proceso metabólico particular sobre la naturaleza y la producción de energía. Se hegemoniza no sólo al establecer una estructura organizada, transnacionalizada y corporativa de extracción/producción de energía y materia para el mercado mundial, sino también al intentar configurar los procesos productivos moleculares y territoriales haciendo que se deriven de ésta.
            La temporalidad y la velocidad del metabolismo biosocial de un país como Venezuela, sus particulares ritmos de procesamiento del consumo y el movimiento, no están solo determinados por la disposición de tecnología que tiene para ello, sino en primera instancia por cómo la lógica del capital ha generado históricamente un sesgo que se hace cada vez más brutal en su territorialidad piénsese que el 96% del monto de sus exportaciones son petroleras, y el porcentaje de importación del total del consumo nacional de alimentos ha crecido enormemente[3], por cómo el extractivismo petrolero venezolano configura un ordenamiento geográfico donde los sujetos han sido progresivamente desterritorializados de sus ecosistemas originarios, de sus metabolismos tradicionales, para que sus procesos de producción/consumo/vida se adapten a la específica relación espacio-temporal que genera el dinero de la renta petrolera, con sus particulares formas de producción de subjetividad, de corporalidades, su tipo de representación de los imaginarios sociales, sus intensivos procesos energéticos per cápita.
            Al analizar los denominados “recursos minerales estratégicos”, haciendo un mirada especial sobre el litio, uno de los metales que ha creado mayores expectativas en vías a nuevos proyectos y ejes extractivos en Suramérica, vemos que sus principales usos están dirigidos a las cadenas de producción de electrodomésticos, como televisores pantalla plana, teléfonos celulares, computadores portátiles, cámaras de video o de fotografías, y otros similares. Este metabolismo depredador transterritorial que determina los «modos de vida imperial» (U. Brand), puede alimentar guerras o conflictos de orden geopolítico, o bien el robustecimiento del carácter extractivista del Estado boliviano país donde se encuentran las mayores reservas de litio del mundo, una reconfiguración de su ordenamiento territorial, así como la desterritorialización subjetiva de los afectados por estos nuevos proyectos extractivos, todo para alimentar procesos de acumulación de capital de estas ramas de la producción industrial transnacional, y los consumos suntuarios de un fragmento “privilegiado” de la población mundial.
            El sistema extractivista pues, interviene “de arriba hacia abajo” sobre procesos socio-bioproductivos populares, que pueden tener un carácter autónomo, autosuficiente y de escala molecular, desestimando socialmente los valores que produce, subordinándolos a su modo de acumulación, o bien destruyéndolos externalizando costos hacia los trabajadores, pobladores y la naturaleza. Se conforman así, las rutas metabólicas del sistema, un patrón energético piramidal que a partir de una serie específica de productos, materias y energías funcionales al capital, alimentan una cadena que llega hasta la cotidianidad de hombres, mujeres y niños.
            Creemos entonces conveniente, analizar la lógica de dominación de los sistemas extractivistas más allá del proceso extractivo en sí, más allá de sus dinámicas estructurales, o bien que trasciendan una visión puramente “económica”, o política (centrada en el Estado), etc. Poder hacer visibles las derivaciones metabólicas que se originan de un tipo de régimen de reproducción de la vida que opera transterritorialmente, es decir, que sobrepasa el territorio donde se produce la extracción de naturaleza, en el sentido en que articula en torno a su modo de acumulación, múltiples espacios geográficos, subjetividades, funciones sociales, que pueden ser muy diversos unos de otros, pero que están subordinados a las zonas donde se masifican los «modos de vida imperial» (puede ser países como Suiza, Suecia o Canadá, o bien, zonas privilegiadas de Johannesburgo, Santa Cruz de la Sierra o Buenos Aires). Esto por supuesto, tiene implicaciones en la ampliación de los objetos y sujetos que se analizan desde la crítica al extractivismo.

b)   Extractivismo, soberanías y neoliberalismo mutante
La muy promovida socióloga peruana Mónica Bruckmann afirma que:

El acceso, la gestión y la apropiación de los recursos naturales abre un amplio campo de intereses en conflicto en América Latina, evidenciando, por lo menos, dos proyectos en choque: la afirmación de la soberanía como base para el desarrollo nacional e integración regional y, por otro lado, la reorganización de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en el continente que encuentra en los tratados bilaterales de libre comercio uno de sus principales instrumentos para debilitar el primero[4].

            Es importante resaltar que una disputa fundamental que se desarrolla en torno al debate del extractivismo es la que tiene que ver con la soberanía, la cual parece ser entendida casi unánimemente como un problema de Estados-nación o sistemas interestatales. Esto oculta otros actores en realidad los actores constituyentes de los procesos políticos y los territorios que están en disputa tanto contra el capital, como contra el Estado, para evitar procesos de explotación y despojo, y la imposición de proyectos extractivos. Sobre la base de una diferenciación política regional y una reivindicación de las soberanías popular-territoriales, proponemos no dos, sino cuatro proyectos en disputa en América Latina, que marcarán nuestra dinámica geopolítica en los próximos años. Esta propuesta por supuesto no es rígida, sino que dichos proyectos son porosos, agrietados, se pueden solapar, en cierta forma articularse, o bien coexistir, negociar, o disputarse unos con otros en un espacio político determinado, que puede ser incluso un mismo país. Son, como ya hemos dicho, hipótesis de trabajo:

Ø  El Uribismo como proyecto regional: se trata de un proyecto neoliberal delincuencial y paramilitar, orientado a un extractivismo expansivo, abierto y flexible al capital transnacional, con esquemas de acumulación franca y abiertamente antipopulares, que opera bajo la égida de los Estados Unidos y que gira en torno a la «Alianza del Pacífico». Los Estados de México y Colombia son dos claros;
Ø  El Lulismo: es un proyecto corporativo/extractivista en franca expansión, de perfil mixto (Estado y empresas TNs) que puede distribuir de una forma un poco más justa la renta de la tierra captada internacionalmente, pero que ejerce procesos sostenidos de despojo y mecanismos de acumulación de capital híbridos (neoliberalismo mutante). En la medida en la que el ciclo expansivo de los commodities comience a contraerse, estos procesos de acumulación por desposesión se proyectan a agudizarse. Su alianza geopolítica gira en torno a los emergentes, principalmente China, y se orientaría en torno a la unión UNASUR-MERCOSUR. Brasil tiene franca influencia en este proyecto regional.
Ø  El Socialismo del siglo XXI: tiene rasgos programáticos que proponen generar algunas transformaciones profundas y mayores reivindicaciones populares primordialmente desde el Estado, con vínculos con movimientos sociales, y que tienen como base material primordialmente la renta internacional de la tierra, planteando una expansión del modelo extractivista. Sus alianzas giran primordialmente hacia los emergentes, principalmente China y Brasil, y los proyectos ALBA, PetroCaribe y Unasur-Mercosur. Este proyecto se encuentra en franco retroceso, al menos en sus aspectos más radicales, decoloniales y anticapitalistas, y puede mutar o interrumpirse para tomar formas “lulistas” o “uribistas”. Aún mantiene una fuerza electoral importante.
Ø  Un proyecto popular pluricomunista a escala regional: se trata de un proyecto multiterritorial, pluricultural, alternativo, nivelador, contrahegemónico, con rasgos nuestroamericanos fuertes. Lucha en general en torno a la defensa del territorio y de los bienes comunes, como una fuerza de resistencia antidespojo, pero que al mismo tiempo busca reconfigurar su realidad territorial alrededor de lo común. Lamentablemente, y a pesar de la difusión de un imaginario latinoamericanista, son luchas normalmente atomizadas y poco articuladas unas con las otras en términos regionales, a pesar de algunos esfuerzos que resaltan en los últimos años.

            Hay sobre estas interpretaciones que hemos propuesto, un factor clave en el debate sobre extractivismo, que tiene que ver con la importante distinción entre lo común, lo público y lo privado. La defensa de lo común, de nuestros comunes, se vuelve imperiosa ante el avance permanente de la acumulación por desposesión, sobre todo tomando en cuenta que tres de los cuatro proyectos en disputa mencionados, con sus diferencias, se proponen expandir el modelo y las fronteras del extractivismo. De la emergencia epistemológica de lo común se desprenden toda una serie de ideas no sólo sobre nuevas subjetividades y premisas ontológicas, así como diferentes formas de resistencias desde el territorio, sino incluso algunas bases para pensar transiciones post-extractivistas y post-capitalistas en las cuales los pueblos ejerzan un tipo de gobernanza y tengan una soberanía directa por medio de formas de autogobierno y autogestión sobre sus territorios y bienes comunes.
            Podemos, en efecto, evaluar el papel del Estado, tratando de salvar un teórico nexo fundamental y productivo entre lo común y lo público, sobre todo en los gobiernos denominados “progresistas”. UNASUR se ha propuesto crear elInstituto de Altos Estudios de la unión, alrededor del cual ya giran algunas intelectualidades como Theotonio Dos Santos y Mónica Bruckmann, que sostienen que esta “afirmación de la soberanía” nacional se da sobre la base de estados fuertes que a partir de sus “recursos naturales”, planifican su uso sustentable para el provecho de la mayoría de los actores sociales[5]. El “desarrollo nacional” se alcanzaría ahora por la vía de una industrialización de la naturaleza.
            Sin embargo, y sin poder profundizar mucho más sobre las apreciaciones de los teóricos de la UNASUR, es importante resaltar lo profundamente problemático que es el supuesto vínculo “progresivo” entre nacionalismo energético y la defensa de los comunes (en términos de mantener la soberanía de los pueblos en sus territorios y conservar la naturaleza de la degradación expansiva), y más bien consideramos fundamental demarcar claramente la diferencia entre el ámbito de lo común y el de lo público.
            Esto es así por dos razones. La primera es que la intensificación progresiva del extractivismo y la lógica desarrollista en América Latina están en profunda relación con la paulatina distensión de los vínculos que los gobiernos en esta era de perfil “progresista”, han tenido con los movimientos populares que los llevaron al poder, y le dieron sentido a su proyecto político; están también en relación con la pérdida de la composición radical que ha tenido este “bloque político del descontento” y el retroceso de las prácticas alternativas que han dado vida al impulso transformador de los proyectos de estos gobiernos; y a su vez con la progresiva desmovilización de los pueblos y la burocratización de dichos procesos de cambio social. A estas alturas creemos que es evidente que los Estados de orientación popular y progresista han podido hacer más de lo que finalmente han hecho, en términos de iniciar transiciones post-extractivistas; y el hecho de lesionar los vínculos con sus bases populares organizadas, debido al no reconocimiento de que la fuerza constitutiva de estos proyectos de cambio profundo está en ella, ha traído consecuencias, evidentes en la situación de estancamiento político que se vive actualmente en la región.
            La segunda razón tiene que ver con las enormes presiones que ejerce la crisis del sistema capitalista mundial sobre los Estados, principalmente los periféricos o los del Sur Global, para que tengan un carácter político y administrativo cada vez más flexible y abierto a los flujos del mercado, lo que a su vez provoca una gran presión de los Estados sobre los territorios, en busca de procesos de acumulación por desposesión. De ahí las preocupaciones de Eduardo Gudynas sobre el anclaje del progresismo con la globalización[6].
            La UNASUR se propone mapear todos los recursos naturales de la región mediante el Servicio Geológico Suramericano (SGSA), insertarse de una manera repotenciada al mercado global capitalista aquí no se habla en ningún sentido de post-desarrollismo, post-extractivismo, ni mucho menos post-capitalismo, así como impulsar toda una red de infraestructuras territoriales para la integración multimodal: ferrovías, hidrovías, carreteras, puertos y aeropuertos[7], bajo la lógica del COSIPLAN (antiguo IIRSA). Los peligros de que la hibridación que impulsan las formas mutantes del neoliberalismo, por las diversas razones antes mencionadas, termine configurando una política masiva de acumulación por desposesión son muchos. La profundización del extractivismo, con sus crecientes necesidades expansivas de flujos de capital y de conexiones globalizadas abre aún más estos riesgos.
            ¿Cómo seguir las pistas de este proceso? Tal vez preguntándonos: ¿hacia dónde están apuntando actualmente las políticas estatales respecto al enfoque del rendimiento económico en las exportaciones directas; a la actitud ante la apertura a la inversión extranjera directa y la inserción en el mercado mundial; al tipo de trato y relacionamiento interno que se da con los inversionistas extranjeros; a las políticas cambiarias; al tipo de ejercicio soberano que pone en práctica el Estado ante los grandes capitales respecto a sus “recursos naturales”; a la manera cómo intermedia respecto al acceso popular a los bienes comunes para la vida; a la manera cómo estructura los procesos redistributivos domésticos y la composición de quiénes son los sectores más favorecidos por estos; a cómo opera y qué alcance tiene la voluntad de protección que posee el Estado ante los sectores históricamente excluidos de la sociedad?[8]

c)    Extractivismo, «capitalismo delincuencial» y guerra mundial por los recursos
            El impresionante despliegue de diversas formas de violencia y guerras a lo largo y ancho del planeta en la actualidad, hacen parte, o se encadenan, a un mismo conflicto geopolítico de orden global, que responde no sólo a la propia crisis mundial del sistema capitalista, sino a una guerra por los llamados “recursos”, que determina la hegemonía o la supervivencia, siendo uno de sus objetivos centrales el control del territorio. En este sentido, no sólo hablamos de una progresiva ampliación de la militarización de los territorios, sean de origen estatal o formas privadas paraestatales; del establecimiento de mecanismos policiales de represión y satanización social de la protesta todos podemos ser potenciales sospechosos de “terrorismo”; sino también de la forma en la que la política tradicional se ha articulado creciente y alarmantemente con formas delincuenciales instituidas y en expansión; de cómo las disputas y soberanías territoriales que desbordan a los Estados son afrontadas por complejas corporaciones mafiosas transnacionalizadas que tienen cada vez más incidencia en estas dinámicas de poder y dominación del espacio geográfico.
            Como ya lo hemos expuesto en otro momento, el modelo de acumulación de capital en el siglo XXI va tomando la forma de un capitalismo delincuencial, como lo ha planteado Ana Esther Ceceña. Dispositivos como estos en México y Centroamérica, Colombia y muy evidente en tiempos recientes en Venezuela, Brasil y en muchos territorios de toda la región, dan cuenta de una estrategia sumamente preocupante, que podría apuntar a una intensificación de la relación entre extractivismo y violencia, apuntando a la expansión de formas de extractivismo delincuencial, o bien de delincuencia extractiva articulada a redes más amplias de poder.
            Estas tendencias suponen que la crítica al extractivismo no se dirigiría únicamente al poder de los Estados y las compañías transnacionales, sino a todo un entramado corporativo profundamente mafioso que puede reconfigurar la forma tradicional como se constituyen las correlaciones de fuerza y las disputas políticas en las luchas territoriales. Creemos que es importante analizar bien esta situación, y preguntarnos qué supone este escenario de feudalización mafiosa en la resistencia de los pueblos ante el extractivismo.

d)   Ciudades y extractivismo urbano
            El grueso de los debates sobre extractivismo ha centrado, con toda justificación, su mira geográfica en áreas rurales y semi-rurales, zonas campesinas, territorios indígenas, así como áreas de reserva natural. Sin embargo, y como hemos propuesto, es necesario reconocer el proceso metabólico transterritorial del extractivismo; esto es, que los rasgos más intensivos de este proceso se reproducen en las ciudades; que la conformación y/o expansión de un enclave urbano, de la masificación de los «modos de vida imperial», suponen al mismo tiempo la implantación y/o extensión de las «zonas de sacrificio» que sostienen ese “desarrollo”, sea de forma directa, por la vía de “importar” de manera creciente bienes comunes como agua, cultivos, entre otros; o primordialmente de forma indirecta por la vía de la intermediación del capital: su transformación en dinero, que retorna al Estado en forma de renta o ingresos transferidos como petrodólares y luego se distribuye para la modernización. En la medida en la que este patrón de poder se ejerce metabólicamente, entonces este proceso sólo podrá ser trascendido metabólicamente.
            Ahora bien, lo que se suma a esta importancia de un análisis transterritorial del extractivismo, es el impacto de las transformaciones socio-espaciales que se han dado en América Latina en los últimos 15 años. La oleada de modernización en la región que se sigue del boom de los commodities a partir de la década de 2000, tiene un correlato directo con la expansión cuantitativa y cualitativa de los enclaves urbanos en nuestros países. Esto a su vez, hace que la incidencia política, económica, social y cultural de la cuestión urbana se haga aún más compleja y problemática de lo que ya era.
            Si revisamos los últimos años vemos que buena parte de las movilizaciones políticas determinantes fueron de origen urbano: por ejemplo las movilizaciones por las tarifas del transporte público en São Paulo del año pasado y en general las protestas contra el mundial en Brasil en este año; movimientos estudiantiles en Chile y Colombia, así como el movimiento «Yo soy 132» en México; los diversos saqueos por el conflicto policial en distintas provincias en Argentina en 2013; y las diversas manifestaciones, con una fuerte carga contrainsurgente, en Venezuela en 2014. En este sentido, la territorialidad urbana, tanto como fenómeno particular de un sistema extractivista, como un objeto esencial de políticas post-extractivistas, toma una importancia completamente fundamental. Piénsese en qué suponen los debates sobre extractivismo en una Venezuela que tiene casi 90% de la población viviendo en ciudades.
            Es esencial pues, comunicar y conectar espacios que aparecen desvinculados, luchas que parecen divorciadas la lucha contra el extractivismo y la lucha por el derecho a la ciudad, no sólo porque la explotación del trabajo en las zonas urbanas, tiene su base material en la extracción masiva de naturaleza en el campo, sino también porque en este período neoliberal, de predominio de la acumulación por desposesión, las operaciones de extracción (S. Mezzadra) también se producen en las ciudades. Más allá de la explotación social del trabajo, el «extractivismo urbano» (E. Viale)[9] apunta también a la desposesión social de bienes comunes en las urbes, como lo vemos permanentemente en numerosas ciudades de América Latina, y de manera muy grosera y reciente en la Brasil del Mundial de Futbol[10]. Esta es una faceta del extractivismo sobre la que creemos hay que profundizar.

e)    Extractivismo y el papel del China en América Latina
            El avance de China en el mundo, y su vertiginoso posicionamiento en América Latina, que comienza a expandirse desde la década de 2000, ha abierto el debate sobre el papel geopolítico que tiene esta “potencia emergente” respecto a procesos soberanos y de “liberación” de los países de la región. Las dramáticas huellas que ha dejado y sigue dejando el imperialismo estadounidense en la historia latinoamericana, ha provocado una especie de justificación para que algunos países se cobijen cálidamente en los robustos brazos del gigante asiático.
            Para Mónica Bruckmann, China retomaría el espíritu de Bandung de 1955[11] un espíritu anticolonial y de movimiento de países no alineados y junto a la emergencia de los BRICS, abriría el camino para un proyecto de coexistencia global que nos llevará a un profundo cambio de paradigmas: del «choque de civilizaciones» hacia un nuevo enfoque de «alianza de civilizaciones»[12]. El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del país que tiene los nexos relativos más estrechos con China en toda la región, ha dicho que “por primera vez en la humanidad surge una nueva potencia no imperialista, ya eso es mucho"[13].
            Esta matriz de opinión de una «potencia no imperialista» o de la formación de un imperialismo amable, oculta cuatro factores fundamentales: a) no es posible ser una potencia en el sistema capitalista sin impulsar procesos de explotación y despojo a escala mundial, dado que el carácter intrínseco del capital es de naturaleza polarizante; b) la crisis sistémica global del capitalismo tensiona cada vez más a que los capitales mundiales hegemónicos (como los chinos) masifiquen formas de acumulación por desposesión de ahí el carácter “correctivo” del neoliberalismo; c) el imperialismo no sólo opera por la vía militar, sino que cuenta con un muy diverso y sofisticado aparato biopolítico para garantizar sus procesos de control territorial y acumulación capitalista, incluyendo claro está el capital financiero[14]; y d) habría que no sólo recordar los procesos de acumulación por desposesión que se dieron en la propia China, sus esquemas políticos domésticos, sus formas de externalización de costos sobre la naturaleza, que impulsaron el muy notorio crecimiento de su economía desde los 90; sino también los actuales mecanismos geopolíticos de posicionamiento de sus capitales a lo largo y ancho del mundo, para tener una idea de cómo opera la reproducción de esta potencia capitalista en auge, y si es posible que sea considerada un amable naciente imperio.
            La repotenciación del extractivismo en América Latina tiene también la marca de China. La presión que ha ejercido el gigante asiático dirigiendo sus inversiones en muy buena medida hacia la extracción de materias primas, atenazándonos por la vía financiera, posicionando sus mercancías en nuestros vulnerables mercados[15], y disputándose nuestros territorios geopolíticamente, ha tenido una poderosa influencia en las nuevas dimensiones de los sistemas y metabolismos extractivos de la región. El problema no es sólo con quiénes generamos alianzas estratégicas, sino tal vez primordialmente qué tipo de alianzas y bajo qué modelos las hacemos. Probablemente esta visión romantizada de algunos sobre nuestra relación con China sea, con el tiempo, cada vez más difícil de sostener.

f)     Persiste el falso dilema desarrollo-ambiente
            Un argumento que sigue teniendo fuerza para desacreditar la crítica al extractivismo es la supuesta oposición entre “desarrollo” y “ambiente”. Por supuesto, la forma como son presentadas estas dos variables, de manera cosificada y trascendental, oculta un patrón de poder biosocial. Lo que aparece como un problema de orden temporal “en América Latina debemos llegar al estadio superior del desarrollo”, y que supondría un inevitable sacrificio de la naturaleza para alcanzar tan “ansiada” meta es, en términos de dominación geopolítica, un problema de orden geográfico.
            La depredación sostenida del ambiente se justifica en el sentido de decir que se trata de una reivindicación de progreso para la gente en detrimento de la naturaleza, pero eso que se ha instrumentalizado como “ambiente”, en realidad es una relación ecosistémica de vida que además de “naturaleza”, implica al mismo tiempo la existencia de tierra y territorio. Por eso, en este proceso de dominación geográfica no sólo hay una degradación de biodiversidad, sino que también está involucrada una desterritorialización social que supone que la gente que habita esas áreas sufre los despojos que hacen posible el desarrollo, pierden el suelo que pisan, el agua y los frutos de la tierra de los que se abastecen directamente, y esto es algo que el ideal del progreso siempre ha querido ocultar.
            En verdad no se trata de que la gente se enriquece en detrimento de un empobrecimiento de la naturaleza. La real polarización no es la de “desarrollo-ambiente”, sino una polarización colonial constitutiva que rige la División Internacional del Trabajo y la Naturaleza, y la división social y racial del trabajo (A. Quijano). Cuando hablamos de una dominación de orden geográfico, nos referimos a cómo el capital controla, administra y/o coopta el proceso metabólico de un territorio, que implica la síntesis indivisible de devastación ambiental y polarización social, en beneficio de una coalición de oligarquías globalizadas que por supuesto genera utilidades a las élites nacionales y a las burocracias de nuestros Estados extractivistas. Esta es la verdadera polarización a la que hay que atender. Así que el extractivismo, aunque prometa y prometa riqueza y desarrollo, siempre generará gente que se empobrece.
            A esto hay que agregarle algo. El desarrollo de los capitalismo extractivos convierte a la naturaleza en renta, en dinero captado internacionalmente algunos dicen que es la riqueza de las naciones, y el dinero capitalista es un mecanismo de dominación porque, entre otras cosas, genera una intermediación, que resaltamos en dos sentidos: a) configura una nueva territorialidad que gira en torno al mercado mundial, en el cual se va destruyendo o cooptando el vínculo directo que hay entre el trabajo, el territorio y el acceso a los bienes comunes, lo que obliga a la gente a requerir de la intermediación del dinero para acceder al consumo (que generalmente compra naturalezas procesadas de los despojos de otras partes del mundo); y b) en términos del sistema-mundo, la conversión de los bienes comunes territoriales en dinero, hace que la riqueza fluya acorde a los inmensamente desiguales mecanismos de distribución y transferencia de capital a nivel mundial[16]. El nivel máximo de este proceso internacional de despojo es la crisis de la deuda externa. En ambos sentidos de la intermediación, resalta la relación entre pobreza y dependencia. El extractivismo es un problema económico porque es un problema ecológico y geográfico también.

g)   Extractivismo y producción de subjetividad
            Poco se trabaja la dimensión cultural del extractivismo, el impacto que tienen estos sistemas, sus modelos políticos, en la producción de subjetividad. Venezuela es un buen ejemplo de cómo en la medida en la que el metabolismo biosocial de todo un país está más determinado por el extractivismo, este genera fuerzas muy influyentes en la producción de subjetividad, que incluso, como ha pasado en la Revolución Bolivariana, atentan contra los cambios de modelo y los procesos de transformación.
            El antropólogo venezolano Rodolfo Quintero había nombrado desde principios de los años 70 a este proceso de producción de subjetividad en la Venezuela petrolera, la «cultural del petróleo», para hacer referencia a los diversos recursos materiales e inmateriales que producían este patrón de vida que “crea una filosofía de la vida para adecuar la población conquistada a la condición de fuente productora de materias primas[17]. A partir de ahí muy poco se ha trabajado esta importante relación en la literatura política del país.
            Desde este análisis metabólico que proponemos, un lugar común como la idea de que para superar nuestros principales males sociales hay que impartir una mejor educación, debe ser problematizada. Si se generaran tales procesos “educativos”, manteniéndose todos los procesos metabólicos propios de los capitalismos extractivos, que reproducen las formas culturales de estas subjetivaciones rentistas, difícilmente se podrían alcanzar tales objetivos nuevamente, Venezuela es un buen ejemplo de ello. Por citar un ejemplo, los fenómenos de reprimarización de las economías latinoamericanas, producto de la abundante captación de la renta internacional de la tierra desde mediados de la década de 2000, con sus efectos perniciosos sobre los factores productivos, sobre el ensanchamiento artificial de los mercados internos por la vía de las importaciones, están en profunda relación con la necesidad de redimensionar este tipo de subjetivación cultural rentista. Se trata de un requerimiento metabólico de estos modos de acumulación extractivos respecto al ámbito cultural, que tiene sus modalidades territoriales en las zonas de los proyectos extractivos en contra de culturas campesinas ancestrales, de pueblos indígenas, y en los complejos enclaves urbanos.
           
            Los signos de un cambio de época en América Latina, los peligros de procesos masivos de despojo territoriales y degradación de la naturaleza en la región, y el impulso de teorías ad hoc para justificar la expansión del extractivismo, hace de estos debates espacios necesarios para el diálogo y la reflexión, en pro no sólo de insistir en la creación de caminos alternativos, sino de defender los comunes. Lo único que nos queda.

La Paz, septiembre de 2014

* Emiliano Teran Mantovani es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos – CELARG

Fuentes consultadas
- AGENCIA Venezolana de Noticias (AVN). Maduro: Relación Venezuela-China ha alcanzado el nivel más avanzado de su historia. Caracas, 21 Jul. 2014. Disponible en: http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-hemos-tenido-una-visita-car%C3%A1cter-hist%C3%B3rica.
- AMÉRICA Latina en Movimiento. Recursos y desarrollo: estrategias en la unión suramericana. 488. Quito, Septiembre 2013. Año XXXVII, II época.
- BRUCKMANN, Mónica. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, 2013.
- CAMACHO, Carlos. Operación “Dagong”: Argentina, Chávez, China, default y Venezuela. Hinterlaces.  05 de agosto de 2014. Disponible en: http://www.hinterlaces.com/analisis/economia/operacion-dagong-argentina-chavez-default-y-venezuela.
- GUDYNAS, Eduardo. Izquierda y progresismo ante la integración y la globalizaciónALAI, América Latina en Movimiento. 2014-02-19. Disponible en: http://alainet.org/active/71415.
- MARTÍNEZ Alier, Joan. Argumentos económicos contra el extractivismo. La Jornada. Sábado 21 de junio de 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/06/21/opinion/014a1pol.
- QUINTERO, Rodolfo. Antropología del petróleo. Siglo Veintiuno editores. Necaxa, México. 1976.
- SOCIEDAD de Economía Política Radical. Guía rápida para comprender el ajuste que está y el ajuste que viene. Rebelión. 22-08-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188728.
- TERAN Mantovani, Emiliano. Las coordenadas urbanas del conflicto político actual en Venezuela. Rebelión. 31-05-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185393.
- TERAN Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina. Rebelión. 06-02-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180450.
- ZIBECHI, Raúl. Extractivismo en las grandes ciudades. La Jornada. Viernes 3 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/03/opinion/027a2pol.
ZIBECHI, Raúl. El capital financiero saquea Río de Janeiro. Viernes 27 de junio de 2014. Disponible en:http://www.jornada.unam.mx/2014/06/27/opinion/021a1pol


Notas


[1] A diferencia de István Mészáros, cuando hablamos de metabolismo nos referimos al proceso biosocial que es la base donde se reproduce la vida, el cual se constituye como un tipo específico de régimen de territorialidad; de formas de procesamiento y asimilación de energía; de intercambios, consumo y producción biosociales; de tipos de narrativas y construcciones socioculturales; y de tipos de ocupación y ordenamiento territorial; determinados por factores geográficos y ecosistémicos, y estructuras de poder en las organizaciones humanas. El metabolismo hegemónico del sistema capitalista, jerarquiza al humano (principalmente al hombre occidental) por encima del resto de las especies de un ecosistema, alterando significativamente los ritmos y procesos de recuperación de la naturaleza.
[2] Cf. TERAN Mantovani, Emiliano. Las coordenadas urbanas del conflicto político actual en Venezuela.
[3] Los pocos datos existentes sobre el tema agrario en Venezuela no permiten arrojar a ciencia cierta una cifra, pero es innegable que este sesgo importador se ha agudizado en los últimos años, con rasgos que en algunos rubros como leguminosas, cereales, grasas, carne, huevos y leche ha alcanzado niveles muy peligrosos que podrían rondar entre 60 y 80%.
[4] “Recursos naturales, biodiversidad y medioambiente en UNASUR: una visión estratégica”, en: AMÉRICA Latina en Movimiento.Recursos y desarrollo: estrategias en la unión suramericana. p.9
[5] BRUCKMANN, Mónica. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. p.53
[6] Cf. GUDYNAS, Eduardo. Izquierda y progresismo ante la integración y la globalización.
[7] Véase: Rodríguez Araque, Alí. “UNASUR: una estrategia integral”, en: AMÉRICA Latina en Movimiento. Op.Cit. p.5
[8] En este sentido, y para el caso de Venezuela, recomendamos de la SOCIEDAD de Economía Política Radical. Guía rápida para comprender el ajuste que está y el ajuste que viene.
[9] Cf. ZIBECHI, Raúl. Extractivismo en las grandes ciudades.
[10] Sobre esto véase: ZIBECHI, Raúl. El capital financiero saquea Río de Janeiro.
[11] Cf. BRUCKMANN, Mónica. Recursos naturales y la geopolítica de la integración sudamericana. pp.131-135
[12] en: AMÉRICA Latina en Movimiento. Op.Cit. p.7
[13] En: AGENCIA Venezolana de Noticias (AVN). Maduro: Relación Venezuela-China ha alcanzado el nivel más avanzado de su historia.
[14] Nos preguntamos para el caso de Venezuela, ¿cómo leer, por ejemplo, que la calificadora de riesgo china Dagong Global Credit Rating Company, propiedad del Banco del Pueblo de China (una especie de banco central del país), rebajara en julio 2014 la calificación de deuda soberana de Venezuela de BB+ a BB- con “panorama negativo”, siendo el país al que más plata le prestan los bancos de desarrollo chinos en la región y uno de los países que más petróleo le vende al gigante asiático? Cf. CAMACHO, Carlos.Operación “Dagong”: Argentina, Chávez, China, default y Venezuela.
[15] Cf. TERAN Mantovani, Emiliano. Los rasgos del “Efecto China” y sus vínculos con el extractivismo en América Latina.
[16] Sobre esto, véase: MARTÍNEZ Alier, Joan. Argumentos económicos contra el extractivismo.
[17] QUINTERO, Rodolfo. Antropología del petróleo. p.46

viernes, 29 de agosto de 2014

Por primera vez en su historia, Venezuela deberá importar petróleo desde Argelia

Jueves, 28 de agosto de 2014  01:00 | El mundo

Por primera vez en su historia, Venezuela deberá importar petróleo desde Argelia

El crudo liviano sería utilizado para extraer con mayor facilidad el hidrocarburo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco y exportarlo. Las compras de PDVSA se han estado haciendo a elevados precios.

Venezuela está considerando importar crudo por primera vez en su historia y podría usar el petróleo ligero de su socio en la Opep, Argelia, para diluir su propio crudo extrapesado, según un documento de la empresa al que Reuters tuvo acceso ayer. Pese a contar con las mayores reservas de crudo del mundo, en los últimos años Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha estado comprando un volumen creciente de nafta pesada para mezclar con la extracción de crudo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco, su mayor región productora. Estas mezclas se hacen para convertir el extrapesado en un producto exportable, en medio del declive de la producción local de crudos medianos y livianos que antes se usaban como diluyentes y de retrasos en la construcción de nuevos mejoradores que pueden cambiar la calidad del crudo.
Las compras de nafta de PDVSA se han estado haciendo a elevados precios en el mercado abierto, lo que golpea su flujo de caja y afecta la principal fuente de ingresos del gobierno socialista de Nicolás Maduro. "(El departamento de) Comercio (de PDVSA) evalúa la reciente estrategia de importar crudo Saharan Blend de Argelia", dice el documento, que estudia los costos de transporte del crudo importado.
PDVSA dijo recientemente a sus socios extranjeros en Venezuela que estaba sosteniendo negociaciones con la estatal argelina Sonatrach para adquirir crudo, dijo una fuente cercana a las firmas. La estatal no respondió de inmediato a las peticiones de información.
El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, había dicho este año que PDVSA podría recurrir a la importación de crudos ligeros como "último recurso" para contar con suficiente diluyente para sus crudos extrapesados, pero no dio más detalles. Estas importaciones de crudo serían menos costosas si se hacen a través de un contrato de suministro, en comparación con las compras de nafta.
El país sudamericano ha sido un notable exportador de petróleo por casi una década. El año pasado vendió en el mercado internacional un promedio de 2,43 millones de barriles por día (bpd) de crudo y derivados, según cifras de PDVSA.
Venezuela y Argelia han sido cercanos aliados en la Opep, aunque sus petroleras estatales nunca se han asociado formalmente.

Recortando costos. El documento añade que PDVSA planea usar su propia flota para importar el crudo, incluyendo tanqueros VLCC de gran capacidad (Very Large Crude Carriers) que recientemente entraron en servicio.
La estatal está intentando expandir su flota propia para recortar costos de transporte, especialmente en rutas muy largas como las de China e India.
El año pasado, PDVSA mantuvo conversaciones con la firma estadounidense Valero Energy para reiniciar cinco unidades de la refinería de Aruba y producir nafta pesada allí, pero ni esta ni otras estrategias para reducir costos de importación ha dado frutos. Mezclar crudos pesados con ligeros daría como resultado un producto más comercial para PDVSA. Sus actuales mezclas de crudo con nafta, conocidas como crudo diluido (DCO) tienen pocos compradores, por lo que son enviadas mayormente a su unidad de refinación en Estados Unidos, Citgo Petroleum.
La producción de DCO ha subido debido a que PDVSA y media docena de socios extranjeros, entre ellos Chevron, la italiana ENI y la española Repsol, enfrentan retrasos en la construcción de mejoradores que convertirían el crudo extrapesado en uno más liviano con mayor demanda.

Alivio. El crudo importado le daría alivio a PDVSA y sus socias mientras se culminan estos mejoradores. Otros productores latinoamericanos como México y Argentina también estudian comenzar a importar crudos livianos o condensados que están ampliamente disponibles en el mercado y han bajado de precio. El Saharan Blend es un crudo ligero dulce de 45 grados API. Transportarlo hasta Venezuela toma unos 20 días y, si usa su flota propia, PDVSA podría ahorrar unos 3 millones de dólares en flete por cargamento, dice el documento.

Lo que no dijo Últimas Noticias sobre el contrabando que azota las fronteras venezolanas


Por: Feijoo Colomine
Aporrea

En la edición del domingo 24 de agosto del 2014, el diario Ultimas Noticias desplegó un reportaje con primera plana incluida (roba-página) y tres páginas y media interiores, con una investigación reporteril calzada por una “unidad de investigación”, sobre el fenómeno del contrabandeo de productos venezolanos hacia la frontera con Colombia. Los reporteros estuvieron en ambos lados del límite, constatando una realidad: allá existe una macro organización económica que controla los grandes beneficios de la comercialización de los productos venezolanos, organización montada desde el gobierno colombiano y con el apoyo financiero del narcotráfico.

UN no pasó de la fachada que todos conocemos en fotografías y videos: productos venezolanos a gran escala en las calles de Cúcuta. UN pasó por alto que el contrabando no se expende en las cadenas LEY, CARE-FULL ni en cualquier otro comercio formal por que normas impuestas en el ALCA norteamericano-colombiano lo impiden. Las mercancías originadas en Venezuela son compradas en las calles y mercados libres de ciudades colombianas fronterizas con Venezuela, por los sectores pobres del Departamento Norte de Santander y los Departamentos Cesar, Goajira, Atlántico y Bolivar, Arauca, Vichada y Caquetá –hacia el sur-. En menor escala los compran venezolanos necesitados, pagando los precios de la oferta ilegal, con valores que como mínimo duplican el precio regulado en Venezuela.

Por su parte la gasolina también es vendida en la calle por la denominada Cooperativa Multiactiva de Pimpineros del Norte, a cuyos miembros el gobierno departamental les aplica una “sobretasa” del 10% sobre pimpina vendida. Con este ingreso ilegal, el Departamento duplica sus ingresos presupuestarios, para conservar bonito, aseado y libre de delincuencia, el centro de Cúcuta.

Aclaro que los pimpineros apenas comercializan una parte pequeña del combustible que a raudales le viene de Venezuela. El 80% de ese combustible va parar a las enormes sisternas de ECOPETROL, empresa que luego libera inventarios de gasolina destinados al consumo interno y vende en calidad de exportación legal, combustible “made in Colombia” a Perú, Guatemala y Honduras. Todo esto gracias a la inteligencia de tres venezolanos que asesoraron a Uribe y al ministro Junguito, me refiero a Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti, quienes se instalaron en Colombia con sus dólares mal habidos con sus empresas Pacific Rubiales, Alange Energy y, Vectra. Como buenos exiliados políticos, lograron el ingreso de unos 1300 exgerentes y exfuncionarios de confianza extrabajadores ellos de PDVSA, fascistas ellos, sobre quienes no recae ningún tipo de requerimiento de INTERPOL, por ser delincuentes de “cuello blanco”, pero operadores del negocio petrolero.

Así coronó exitosamente Uribe su acuerdo con Chávez (Puerto Ordaz 2005), de lucha conjunta contra la pobreza fronteriza (pero cada quién a su manera). Gracias a Uribe, con apoyo del narcotráfico, el colombiano pobre accede a mercancías con precios parecidos a los venezolanos, ingresadas a gran escala en forma ilegal a Colombia. Los pueblos pobres fronterizos venezolanos, padecen entre tanto el desabastecimiento, pues mafias nativas, agotan las alícuotas racionadas por el Ministerio de la Alimentación. Gracias a Uribe también, con apoyo de los carteles de la droga, los venezolanos raspacupos pueden vender sus dólares CADIVI y en gigantesca proporción, los que llevan a Colombia la gasolina, gas y lubricantes producidos por PDVSA en Venezuela.

Dos economistas colombianos, entre otros, han escrito sobre la denominada “economía subterránea de la cocaína en Colombia”, refiriéndose a las grandes magnitudes escondidas del negocio del narcotráfico (Junguito y Caballero).Roberto Junguito Bonett la diagnosticó al detalle en 1978, estableciendo los nexos históricos con Venezuela y luego, Alvaro Uríbe Vélez (Expediente 82 de la DEA) lo nombró en 2004 su ministro de hacienda, dándole la oportunidad de aplicar su ciencia económica para lavar desde la economía nacional el buen nombre de Colombia, República penalizada internacionalmente por ser productora de la cocaína que en gran escala exporta y consumen 40 millones de norteamericanos. Y vaya que lo hizo.

El escenario fronterizo colombo-venezolano se encuentra dominado económicamente por la producción de cocaína. La población que vive a ambos lados del límite la integran indígenas y población criolla con altos niveles de desigualdad y pobreza en ambos países, predominan por tanto los agricultores, incrementados en el lado colombiano al ser desplazados en número de unas 2000 familias por el conflicto interno.

Es una población aguantadora, marginalizada, con escasa capacidad de respuestas a la imposición salvaje de relaciones de producción derivadas de la economía subterránea e ilegal; la delincuencia tiene gran capacidad de penetración y vulneración de los poderes públicos, de imponer y coaccionar. Quien se opone es asesinado.

Esa área es considerada por la WOLA (Oficina de Washington para América Latina) la de más alta producción de narcóticos del mundo (cocaína, marihuana y heroína). Según las estadísticas más recientes de las Naciones Unidas (2012) y el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilicitos (SIMCI), el Departamento Norte de Santander tenía para el 2011, 12.000 hectáreas de coca, las cuales crecieron en un año a 28.000 hectáreas de cultivos donde domina una variedad ipadú biogenéticamente desarrollada para dar cuatro cosechas de hoja por año. Ya este crecimiento superlativo, más que duplicado en un año, le resta confiabilidad a las estadísticas de las NNUU. Demuestra también que en ese Departamento y su capital Cúcuta circula en grandes cantidades el billete verde del dólar y cuantiosa liquidez de pesos colombianos.

¿Cómo lavarlos?, fácil para el ministro Junguito y su presidente Uribe, con VENEZUELA!!

UN ni de lejos mencionó al narcotráfico como variable subyacente en el asunto.

Tampoco UN fue al fondo del contrabandeo de millones de litros de gasolina, gasoil y lubricantes producidos por PDVSA

El contrabandeo de combustibles hacia Colombia tiene como artífices a la banda de Luis Giusti, Pantin y Calderón Berti, como artífices en gran escala del contrabandeo de gasolina, quienes en 2004 asesoraron al gobierno de Uribe para legalizar el ingreso ilegal en grandes volúmenes de gasolina y gasoil desde Venezuela. Sus empresas administran los Centros de Acopio Fronterizo a los cuales ingresa el combustible que según la Ley Colombiana, una vez que ingresan al país son nacionalizados, sin pago de aranceles ni declaración de contenido, volumen ni peso. Las empresas concesionarias están autorizadas por Decreto para venderlos al mercado interno y al mercado externo a través de ECOPETROL.

LEYES Y DECRETOS COLOMBIANOS PARA LEGALIZAR EL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLES DESDE VENEZUELA HACIA COLOMBIA Y LUEGO COMERCIALIZARLO INTERNACIONALMENTE COMO “MADE IN COLOMBIA”
Ley 191 de 1995 establece un régimen especial para las Zonas de Frontera, con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural. Art. 19, para la autorización de concesiones destinadas a la comercialización de combustibles.
Ley 681 de 2001 modificó el Art. 19 de la Ley 191 regulando el régimen de concesiones de combustibles en las zonas de frontera y se establecen otras disposiciones en materia tributaria para combustibles.
Ley 788 de 2002 que autoriza al Gobierno Nacional para reglamentar de manera especial lo referente al consumo y venta de gasolina en las zonas fronterizas.
Decreto 2195 de 2001 reglamentando el artículo 1° de la Ley 681 del 9 de agosto de 2001 para establecer otras disposiciones en materia de distribución de combustible en zonas de frontera.
Decreto 1980 de 2003 Por el cual se reglamenta la distribución de combustibles en las Zonas de Frontera del Departamento de La Guajira y se otorga a la etnia Wayuu la autorización para importar combustibles desde Venezuela.
Decretos 2337, 2338, 2339 y 2340 de 2004, por los cuales se reglamenta la distribución de combustibles en los departamentos de Guainía, Vichada, Arauca y Norte de Santander, expidiendose normas de nacionalización para aquellos combustibles introducidos ilegalmente desde el país vecino y facultando a terceros concesionarios para introducir al mercado nacional y exportar combustibles venezolanos.

¿Qué bases legales existen en Venezuela para la regulación de este tráfico ilegal? NINGUNA!!

¿Cuáles negociaciones se han hecho con la República de Colombia para detener este desangre de la economía venezolana, contrabando de gasolina, diesel, lubricantes y últimamente gas doméstico, estimado en pérdida para el país de 10.000 millones de dólares al año? NINGUNA!!

Si la empresa estatal colombiana ECOPETROL anuncia ganancias de entre 5000 y 7000 millones de dólares por ventas de combustibles y derivados al exterior cada año, desde el año 2004 hasta el presente, ¿Sáben las autoridades venezolanas que Colombia no tiene capacidad para abastecer su mercado interno de combustibles? SI LO SABEN, PERO NO ACTUAN!!

Con esta realidad NO SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE LA GASOLINA EN VENEZUELA!!

conafro@gmail.com

Emisiones de CO2 de Venezuela


Por: Julio César Centeno
Aporrea

En un artículo publicado en ULTIMAS NOTICIAS el 26 de Mayo 2014 se hace referencia a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de Venezuela, resaltando que son las más altas de América Latina, tanto por habitante como en relación con el producto interno bruto.

Al día siguiente se publicó en APORREA un desmentido del COLECTIVO ECOSOCIALISTA DE VENEZUELA(ECOVEN), reclamando derecho a réplica en ese diario. Como en ambos artículos se menciona mi nombre, me dirijo tanto a los autores de ambas notas como a los medios donde se publicaron para aclarar los señalamientos en referencia.

Según ECOVEN, el señalamiento de que Venezuela registra los más altos niveles de emisiones de CO2 por habitante y por unidad del PIB “es una falta de ética por parte del periodista”. Señala también que “a través de la Misión Árbol se han reforestado más de 32 mil hectáreas que sin duda contribuyen con la mitigación del CO2 que generamos”.

La realidad es que, desafortunadamente, las emisiones de CO2 de Venezuela por habitante son efectivamente las más altas de América Latina. Se han mantenido así durante años. Así se reporta en varias fuentes, tales como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de Energía, el PNUD y la CEPAL. Según el Banco Mundial, la fuente a la que hace referencia la nota publicada por Últimas Noticias, las emisiones por el consumo de combustibles fósiles en el 2010 superaron las 6.9 toneladas de CO2 por habitante, muy superiores a las de otros países de la región: Argentina (4.5), Méjico (3.8), Brasil (2.2), Perú (2.0), Colombia (1.6). El hecho de que un país del caribe, Trinidad-Tobago, registre niveles aún mayores, no le resta importancia al señalamiento.

Según la Agencia Internacional de Energía, las emisiones de CO2 por unidad del producto interno bruto, ajustado por su poder de compra en cada país (PIB-PPA), son también las más altas de la región. Lo que quiere decir que Venezuela registra la menor eficiencia económica por unidad de CO2 emitido, aunque tomemos en consideración sólo las emisiones provenientes del consumo de combustibles fósiles. Según la AIE, en el 2010 se emitieron 0.57 kilogramos de CO2 por dólar del PIB-PPA, considerablemente más alto que el de otros países de la región: Argentina (0.27), Brasil (0.2), Colombia (0.14). El mismo valor es reportado por el Banco Mundial en sus más recientes Indicadores del Desarrollo Mundial.

Misión Árbol
Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Internacional de la Madera Tropical (OIMT), durante el período 2001-2010 se destruyeron en Venezuela 2,8 millones de hectáreas de bosques naturales, a una tasa promedio de 280.000 hectáreas anuales (FAO – State of the World’s Forests 2011; ITTO – The State of Tropical Forests 2011; CEPAL – Superficie de Bosques 2011). La superficie forestal se redujo de 49,15 a 46,27 millones de hectáreas en ese período.

Mientras que a través de la Misión Árbol se habrían reforestado 32.000 hectáreas desde su creación hace 6 años, en el mismo período se habrían destruido 1.680.000 hectáreas del patrimonio forestal de la nación.La Misión Árbol habría compensado menos del 2% de los bosques que se han destruido en el país desde su lanzamiento

Según las estadísticas del Ministerio del Ambiente, la superficie boscosa se redujo de 58 a 47,6 millones de hectáreas entre 1980 y el 2010, a una tasa promedio de347.000 hectáreas anuales durante 30 años consecutivos(MPPA-Indicadores Ambientales 2012). Se reconoce así un crimen ecológico de gigantesca magnitud, cometido con absoluta impunidad. Entre los responsables de este asalto contra la estabilidad de la nación no sólo se encuentran ganaderos, agroindustriales, madereros y latifundistas, sino también las autoridades competentes que permitieron tan insólita destrucción.

Según el Ministerio del Ambiente, sólo entre el 2001 y el 2010 se destruyeron 1,4 millones de hectáreas, a una tasa promedio de 140,000 hectáreas por año. La tasa promedio estimada por el Ministerio del Ambiente para el período 2001-2010 (140.000 hectáreas por año) es equivalente a la mitad de la deforestación señalada por la FAO, la CEPAL y la OIMT para el mismo período.  Esta diferencia se debe en buena parte a la cuantificación por parte del Ministerio del Ambiente de áreas boscosas que ya no existen. Tal es el caso de las 116.000 hectáreas de bosques en la reserva forestal de Turén, donde se destruyó más del 95% de sus majestuosos bosques originales. Turén fue convertida en potreros hace décadas, pero continúa siendo contabilizada en su extensión original como reserva forestal (Ministerio del Ambiente: Estadísticas Forestales 2010).

De manera similar se contabilizan como existentes enormes masas boscosas en su mayor parte destruidas hace años. En la reserva forestal de Caparo sobrevive menos del 20% de los bosques que inicialmente cubrían 180.000 hectáreas. Algo similar ocurre en la reserva forestal de Ticoporo, donde apenas sobreviven relictos de las 270.000 hectáreas de bosques originales. De las 450.000 hectáreas de ricos bosques selváticos en la reserva forestal de San Camilo se ha destruido más del 80%. Situaciones similares se evidencian en Río Tocuyo, San Pedro, Guarapiche, Tumeremo, Paraguaza, Orituco, Pedernales y partes de las reservas forestales del Caura e Imataca, entre múltiples casos adicionales de bosques que han sucumbido con la complicidad de las autoridades encargadas de velar por su protección. Si se sinceraran las cifras sobre las superficies de bosques efectivamente existentes en la actualidad, la diferencia entre las estadísticas de FAO–CEPAL–ITTO (46,2 millones ha en el 2010) y las estimaciones del Ministerio del Ambiente tienden a anularse.

Aun partiendo de las estimaciones del Ministerio del Ambiente, la Misión Árbol sólo ha podido compensar el 4% de los bosques que se han destruido en el país desde su creación.

Cuando se incluyen las emisiones netas de CO2 provenientes de la deforestación, la posición de Venezuela es aún más comprometedora. A las 200 millones de toneladas métricas anuales de emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles en el 2010 habría que añadir 90 millones adicionales por la deforestación anual neta. Las emisiones se aproximan así a las 10 toneladas por habitante, muy por encima de los otros países de la región y superando a las de países considerablemente más industrializados, como Alemania, Inglaterra o Japón.

Venezuela encara una difícil situación en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero se refiere, cuya negación atenta contra la estabilidad ecológica de la nación y compromete los derechos de generaciones futuras. Urgen políticas públicas destinadas a reducir efectiva y sustancialmente las emisiones de CO2 provenientes del consumo de combustibles fósiles y erradicar la deforestación. Venezuela se encuentra también en una posición comprometedora en las negociaciones internacionales sobre cambios climáticos debido a sus elevados niveles de emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero por habitante.

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Julio Cesar Centeno, especialista venezolano graduado en la Universidad de Nueva York; estudios de postgrado en la Universidad de California - Berkeley. Ha servido como asesor de la Secretaría de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo [UNCED]. Director Ejecutivo del instituto Forestal Latino Americano. Profesor de la Universidad de los Andes. Representante de Venezuela en negociaciones internacionales sobre bosques y cambios climáticos. Investido por el Príncipe Bernhard de Holanda con la Orden del Arca Dorada. Vicepresidente de la Fundación TROPENBOS en Holanda. Miembro del Consejo Directivo del Forest Stewardship Council, FSC. Miembro del Consejo Directivo de SGS-Forestry, Oxford. Profesor visitante del Departamento de Política y Economía Forestal de la Universidad de Viena, Austria (1999). Asesor internacional.

jueves, 28 de agosto de 2014

Trancaron por segundo día paso a la faja petrolífera

Trancaron por segundo día paso a la faja petrolífera

27.08.2014 05:10 AM Desde las 5:00 de la mañana de este martes, residentes de la población de San Diego de Cabrutica, municipio Monagas, cerraron el acceso a Mapire, Uverito, Zuata, Santa Cruz
Argel Fernández
2Personal petrolero no pudo pasar a las áreas
Personal petrolero no pudo pasar a las áreas Fotos: Sergio Salazar
El Tigre.- Pobladores de  la comunidad de San Diego de Cabrutica volvieron a protestar este martes con el cierre de vías y el  bloqueo del paso hacia  locaciones de la Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”,   en el municipio Monagas.
Los vecinos repitieron la manifestación en vista de que por  la tranca  de  casi  20 horas (de  4:00 am a 10:00 pm)   que protagonizaron este lunes,  no hubo respuestas de las autoridades municipales   ni de  Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ante  la falta de ambulancia y  medicamentos  en el módulo   asistencial  Francisco  Torrealba.
Tampoco  por el  problema de tratamiento del agua que reciben para el consumo,    la carencia de alumbrado público  y el retardo en  la conclusión de  obras.
 Ayer, desde las 5:00 de la mañana  hasta las  12.30  m, los pobladores de la comunidad sureña   se apostaron  en   la carretera San Diego de Cabrutica-Pariaguán,  en el cruce hacia  Zuata, ubicada     a casi  dos horas de El Tigre.
Esa intersección es la que comunica   hacia Mapire (capital del municipio Monagas), Uverito,  Zuata  y Santa Cruz del Orinoco.
La tranca impidió el paso del transporte de personal  hacia  las empresas Petroanzoátegui,  Petromacareno,  Petrocedeño y   la Bielovenezolana, pertenecientes al  Bloque Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco.
La dirigente comunitaria  Ángela Luna  comentó que  el pueblo está desasistido en materia de salud, porque el único ambulatorio no  dispone ni siquiera de oxígeno, medicinas y  ambulancia. Este vehículo para traslados  se lo llevaron hace dos meses para repararlo y no  lo han regresado.
En el centro asistencial son atendidos entre  40 y 50 personas diariamente, sin incluir los casos de emergencia.
Del rosario de problemas lo continuó hablando   su vecino Orlando Sánchez, quien  explicó que el agua que reciben por tuberías no  es apta para el consumo humano, porque “se pone verde en dos días”.
Ante la falta de una planta de tratamiento del vital líquido, aseveró que   los residentes se ven obligados  a gastar entre  20 y 30 bolívares diarios por un botellón de agua.
Sánchez dijo que la alcaldesa Cruz Ojeda también debe dar respuestas sobre   varias obras  inconclusas o no iniciadas.
Aunque algunas son de competencia de organismos nacionales, dijo que la  mandataria local tiene el deber de    gerenciar y buscar soluciones. Tal es el caso de  la construcción de un liceo, pues  unos 150 muchachos ven clases  hacinados en la casa de la cultura.
A la lista, el residente Leonardo Núñez  agregó   la falta de alumbrado público en los postes de unas   40 calles.  “Toda la luz es deficiente. No hay  suficientes transformadores y  los apagones son repetitivos”.
Ante la presión vecinal,  una comisión  de Desarrollo Social de Pdvsa se presentó en  el ambulatorio, a fin de  entregar medicamentos, dos bombonas de oxígeno y un par de ambulancias. Esos vehículos estarán disponibles hasta tanto   el Instituto Anzoatiguense de la Salud  (Saludanz)  reacondicione la unidad propia.  “Desde el  7/4/14 no se dotaba al módulo de medicamentos”, refirió una trabajadora.
La empleada de la matriz petrolera,  Adriana García, planteó  al personal del  ambulatorio  la necesidad de establecer una comunicación para hacerles saber cuáles son  los requerimientos de medicamentos.
Tregua
Cerca de las 12:30 del día,   los manifestantes  levantaron la protesta ante la promesa  de  ser atendidos por las autoridades municipales. Comisiones vecinales se trasladaron hasta la plaza    Bolívar para   llegar a acuerdos con la alcaldía.
Los vecinos aclararon que solo recibirían a la alcaldesa. La funcionaria arribó al lugar a eso de  las  2:00 de  la tarde.
En la reunión, el concejal Víctor Machuca  recriminó a la mandataria  por no solucionar los problemas de servicios públicos de  las parroquias y le pidió la renuncia.
 Hasta última hora, El Tiempo intentó el contacto   telefónico para conocer los acuerdos  del encuentro,  pero ni los voceros vecinales ni representantes oficiales  contestaron  las llamadas.
Antes, el equipo de prensa de la Alcaldía de Monagas dijo que prepararía un  comunicado, el cual  tampoco llegó
Datos
San Diego de Cabrutica es una de las parroquias  del municipio Monagas, ubicada al sur del estado Anzoátegui.  Está integrada por unos  3.500 habitantes. Es unos de los asentamientos residenciales  ubicados en el entorno de  la Faja Petrolífera del Orinoco.  Alberga las principales operadoras petroleras mixtas que procesan el crudo extrapesado que se explota en  las macollas y taladros.